La muerte de Adriana Silvia Armella, vicedirectora de la Escuela Normal "Juan Ignacio Gorriti" en Jujuy, ha conmocionado a la provincia y desatado un debate crucial sobre las condiciones laborales de los docentes y la crisis en el sistema educativo. Armella, de 56 años, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y falleció horas después de una reunión de padres extremadamente tensa, marcada por reclamos y conflictos. El suceso, ocurrido el jueves 20 de marzo, ha generado un profundo dolor entre la comunidad educativa. Un comunicado desgarrador del colectivo docente de la institución expresa su angustia y denuncia las extenuantes condiciones en las que trabajan: aulas superpobladas, niños con serias dificultades socioemocionales que exceden las capacidades de un currículo estándar, y la presión constante de familias que exigen resultados inmediatos sin comprender la complejidad del sistema. "Nos piden ser psicólogos improvisados, mediadores familiares y burócratas perfectos en un sistema que prioriza papeles sobre personas", lamentan los docentes en el comunicado, describiendo un agotamiento crónico que se ha normalizado como un "sacrificio obligatorio". La carta destaca la falta de apoyo y recursos, así como la sensación de ser considerados "enemigos" al solicitar ayuda o simplemente comprensión. La muerte de Adriana, según sus colegas, es el último eslabón de una cadena de situaciones límite que enfrentan diariamente. La pregunta lacerante que surge es: ¿la escuela vale nuestras vidas? ¿Hasta cuándo se tolerarán estas condiciones de trabajo insostenibles que ponen en riesgo la salud y la vida de los educadores? El caso de Adriana se ha convertido en un símbolo de la crisis en la educación pública. Sus colegas la recuerdan como una dedicada maestra que dedicó años a "sembrar futuro", y prometen que su nombre será la bandera en la lucha por escuelas donde nadie tenga que morir por enseñar. La conmoción y el dolor tras su partida exigen una profunda reflexión sobre la necesidad urgente de mejoras significativas en las condiciones laborales de los docentes y la inversión necesaria para un sistema educativo justo y sostenible. La pregunta que queda resonando es si el sistema está verdaderamente preparado para apoyar a los educadores, o si continúa priorizando la burocracia sobre las necesidades reales de quienes se dedican a la formación de las futuras generaciones.