El órgano colegiado del Gobierno Nacional, encargado de analizar la propuesta de creación de un nuevo delito en el Código Penal, ha realizado un estudio exhaustivo sobre la viabilidad de esta medida. Tras un exhaustivo análisis de la legislación vigente, así como de las investigaciones y datos disponibles, se ha llegado a la conclusión de que faltan estudios y datos suficientes para sustentar la creación de este nuevo delito. Esta conclusión se basa en la necesidad de contar con información sólida y precisa que respalde cualquier propuesta de modificación del Código Penal. Si bien es cierto que existen preocupaciones legítimas sobre la comisión de ciertos delitos, es fundamental contar con una base de conocimiento sólida y completa antes de cualquier cambio en la legislación penal. La creación de un nuevo delito debe estar respaldada por estudios empíricos y datos confiables que demuestren la necesidad y proporcionalidad de dicha medida. Esto garantiza que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de la sociedad y evita la posibilidad de incurrir en acciones legislativas innecesarias o desproporcionadas. Asimismo, es importante considerar que el Código Penal es el cuerpo normativo que regula el derecho penal en nuestro país. Cualquier modificación en este código debe ser cuidadosamente analizada y debatida, ya que tiene implicaciones directas en la vida de los ciudadanos y en el funcionamiento del sistema de justicia. El informe presentado por el órgano colegiado del Gobierno Nacional no descarta la posibilidad de futuras investigaciones y estudios que respalden la creación de un nuevo delito en el Código Penal. Sin embargo, resalta la importancia de contar con evidencia sólida y exhaustiva que demuestre la necesidad de dicha medida. En conclusión, la creación de un nuevo delito en el Código Penal debe estar respaldada por estudios y datos sólidos que demuestren su necesidad y proporcionalidad. El Gobierno Nacional reconoce la importancia de esta base de conocimientos y continuará trabajando para contar con información completa y precisa que respalde cualquier propuesta de modificación en el Código Penal.