Las elecciones porteñas de 2025 están cargadas de tensión y giros inesperados. Uno de los más sorprendentes ha sido la decisión de Yamil Santoro, referente de Unión Porteña Libertaria (UPL), de no encabezar la lista de candidatos a legisladores porteños y ceder el primer lugar a su hermano, Leandro Santoro. La particularidad? El mismo nombre que su principal rival peronista, el actual diputado nacional Leandro Santoro. Esta decisión, calificada por algunos como una jugada maestra y por otros como un intento descarado de generar confusión en el cuarto oscuro, ha desatado una tormenta en las redes sociales y en los tribunales electorales. Los militantes peronistas denuncian una maniobra para robar votos a su candidato, aprovechando la similitud de nombres. La controversia no se limita al nombre. El Tribunal Electoral porteño ya había obligado a UPL a modificar su logo, debido a su notable parecido con el de Unión por la Patria. Ambos logos presentan una estrella con las letras UP en el centro, utilizando colores similares (celeste, blanco y amarillo). Los jueces argumentaron que esta similitud podía inducir a “equívocos o malos entendidos” en el acto electoral. Yamil Santoro, lejos de disculparse, ha respondido con ironía a las acusaciones, afirmando que “nadie tiene la culpa del nombre con el que nació”. En un spot publicitario, se presenta como el tercer candidato de la lista, insinuando que recibirá votos por confusión. Esta estrategia, aunque arriesgada, refleja la creciente polarización política y la búsqueda de cualquier ventaja en un escenario electoral fragmentado. Las implicaciones legales de esta situación son complejas. Mientras que la similitud de logos ha sido resuelta con la orden de rediseño, el nombre del candidato es más difícil de impugnar. Cercenar el derecho a ser elegido por una simple coincidencia de nombres sería un precedente peligroso. Sin embargo, la intención manifiesta de generar confusión podría ser objeto de futuras investigaciones. La situación de Leandro Santoro (UPL) ilustra las tácticas poco convencionales que se están implementando en la campaña electoral. La estrategia de UPL, sin duda, generará debate sobre los límites éticos y legales en la competencia política, y servirá como un caso de estudio para futuras elecciones. La incógnita radica en si la apuesta de Yamil Santoro resultará en un éxito electoral o en un fracaso con consecuencias legales.