El Gobierno argentino ha implementado una polémica medida que otorga un plus salarial a los funcionarios públicos que logren reducir el personal a su cargo. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial, ha generado una ola de críticas y protestas por parte de los sindicatos, quienes la consideran un incentivo al despido masivo de trabajadores estatales. La medida se anunció en un contexto de tensión social, coincidiendo con el vencimiento de aproximadamente 50.000 contratos laborales en la administración pública el 31 de marzo. La resolución gubernamental establece que las unidades retributivas adicionales se asignarán previa intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y la Subsecretaría de Presupuesto, y se distribuyen en función de los objetivos de cada cartera, incluyendo explícitamente el ajuste de personal. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha expresado su más enérgico rechazo, calificando la medida como "escandalosa" y un "incentivo económico para el despido de trabajadores". ATE ha convocado a un paro y movilización para manifestar su disconformidad con esta política. Simultáneamente, exigen la renovación automática de los 50.000 contratos que están a punto de expirar, así como la reapertura de las negociaciones paritarias, argumentando que los salarios de los empleados públicos se han visto gravemente afectados por la inflación. Por otro lado, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la normativa, aunque ha anunciado su adhesión al paro general convocado por la CGT para el 10 de abril. Desde el Gobierno se justifica la medida como parte de una estrategia de racionalización del gasto público y de fomento a la eficiencia en la administración de los recursos estatales. Sin embargo, la oposición la ve como una medida insensible y profundamente injusta. Las críticas se centran en la percepción de que el Gobierno está priorizando el ahorro a través del despido de trabajadores, en lugar de buscar soluciones que protejan el empleo y garanticen salarios dignos. La asignación del plus salarial a los funcionarios que lleven a cabo los despidos ha sido interpretada como una recompensa a quienes ejecutan una política de recorte de personal que afecta directamente a miles de familias. Este conflicto laboral se suma a las crecientes tensiones sociales en Argentina, donde la inflación y la situación económica general son temas de gran preocupación para la población. La resolución gubernamental ha exacerbado aún más la situación, generando una mayor polarización entre el Gobierno y los sindicatos, y generando incertidumbre sobre el futuro del empleo público en el país.