El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se enfrenta a la posibilidad de un paro de colectivos de 24 horas convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para el viernes 28 de marzo. La medida, en reclamo de aumentos salariales, mantiene en vilo a millones de usuarios que dependen del transporte público. El Gobierno nacional se encuentra en intensas negociaciones para desactivar el paro, con una nueva audiencia prevista para este miércoles. Tras tres reuniones infructuosas entre el gremio, las cámaras empresarias y el Ministerio de Trabajo, la situación se presenta compleja. La UTA considera improbable una oferta salarial satisfactoria, mientras que las empresas alegan falta de recursos para afrontar un aumento sin una actualización tarifaria. En el centro de la discusión se encuentra la Resolución 8/2025 de la Secretaría de Transporte, que no contempla incrementos salariales para los choferes hasta junio de 2025, a pesar de la reciente mejora del 17% en los subsidios al sector, aplicada a finales de febrero. La Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, cuenta con la herramienta de la conciliación obligatoria para suspender el paro durante 15 días hábiles. Sin embargo, fuentes sindicales indican escepticismo ante la posibilidad de un acuerdo positivo en la audiencia del miércoles. La UTA, liderada por Roberto Fernández, mantiene su postura firme y ha anunciado su adhesión al paro general de la CGT previsto para el 10 de abril si no se resuelve el conflicto salarial. El salario básico bruto de un chofer en el AMBA es actualmente de 1,2 millones de pesos, un monto que la UTA considera insuficiente frente al contexto inflacionario. Las empresas, por su parte, argumentan que la falta de actualización del precio del boleto –que debería rondar los $1600 según cálculos de la AAETA, comparado con los $371 actuales– y la necesidad de afrontar otros costos, como la renovación de la flota y la implementación de sistemas de seguridad, limitan su capacidad de negociación. La situación se complica aún más por las internas dentro de la UTA. Miguel Bustinduy, líder de una facción opositora a Fernández, emitió un comunicado criticando duramente a la conducción gremial, acusándola de complicidad en un sistema de subsidios corrupto y de no priorizar la mejora de los servicios y la seguridad de los conductores y pasajeros. Estas diferencias internas dificultan la posibilidad de un acuerdo unificado y podrían prolongar el conflicto. La resolución del conflicto dependerá de la voluntad de las partes y de la capacidad del Gobierno para encontrar una solución que satisfaga las demandas de los trabajadores sin generar un impacto económico excesivo en las empresas y en el presupuesto público. El paro de colectivos, de concretarse, generaría un profundo impacto en la movilidad urbana del AMBA, afectando a millones de personas y la actividad económica.