El 25 de marzo de 2025, un tribunal de distrito de Tokio emitió una orden de disolución legal de la Iglesia de la Unificación, más conocida como secta Moon, marcando un hito en la historia de esta controvertida organización religiosa en Japón. La decisión, tomada tras una investigación gubernamental iniciada tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en julio de 2022, priva a la secta de todo reconocimiento legal en el país. Aunque perderá sus exenciones fiscales, la 'disolución jurídica' no impide que continúe sus actividades, según el sistema legal japonés. La investigación gubernamental se desencadenó tras el arresto de Tetsuya Yamagami, el hombre acusado del asesinato de Abe. Yamagami manifestó su resentimiento hacia la Iglesia de la Unificación, argumentando que su madre había donado una gran suma de dinero a la organización, dejando a su familia en una situación económica precaria. Este caso puso de manifiesto la polémica práctica de la secta de obtener grandes sumas de dinero de sus miembros, a menudo a través de tácticas de presión y manipulación. Se estima que la secta Moon ha recaudado cientos de millones de euros de sus miembros japoneses a lo largo de las décadas. Su estrategia se centraba en incitar a los fieles a expiar la ocupación de Corea durante la guerra, animándoles a comprar objetos con el fin de obtener el perdón de sus pecados. Este sistema de donaciones, con frecuencia excesivas, ha generado una profunda indignación pública y ha puesto de relieve la falta de regulación y supervisión en las organizaciones religiosas de Japón. La disolución de la secta Moon no es un hecho aislado en Japón. Anteriormente, la secta Aum Shinrikyo, responsable del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, también sufrió una disolución legal. Sin embargo, a diferencia de Aum, que quebró después del incidente, la Iglesia de la Unificación ha demostrado una notable capacidad de resistencia, manteniéndose activa a pesar de las numerosas críticas y acusaciones de prácticas cuestionables. La decisión judicial de este año representa un desafío importante para su operación y futuro en Japón. Este acontecimiento ha abierto un debate sobre la regulación de las organizaciones religiosas en el país, la protección de los miembros vulnerables y la necesidad de una mayor transparencia en las actividades de estos grupos. La decisión del tribunal sienta un precedente significativo, que podría influir en la supervisión y regulación de otras organizaciones religiosas en Japón y en otros países con problemáticas similares.