El gobierno de Javier Milei tomó una decisión sorpresiva que ha generado un terremoto político y económico en Argentina: la suspensión de la venta de Telefónica a Telecom, empresa perteneciente al Grupo Clarín. Esta medida, anunciada el 22 de marzo de 2025, se produce en medio de una creciente tensión entre el presidente y los medios de comunicación, especialmente Clarín, tras un comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) que condenó los ataques de Milei a la prensa. El comunicado de Adepa, emitido días antes de la decisión presidencial, expresaba su preocupación por la "pulsión del Presidente al agravio a periodistas y a voces críticas en general", señalando que los insultos y la violencia verbal de las "milicias digitales" -en referencia al ejército de trolls afines al gobierno- ponen en riesgo la libertad de expresión e incitan a la autocensura. La crítica se enfocó directamente en la retórica agresiva de Milei y el comportamiento de sus seguidores en línea. La respuesta de Milei fue inmediata y contundente. Fuentes gubernamentales confirmaron que el presidente se sintió profundamente afectado por el comunicado de Adepa, considerando que Clarín tiene una influencia significativa en la entidad. En un comunicado oficial, la presidencia justificó la suspensión de la venta argumentando que la fusión entre Telefónica y Telecom resultaría en una concentración excesiva del mercado de telecomunicaciones, alcanzando hasta el 80% en algunas zonas del país para el servicio de internet residencial. Se alegó que esta situación vulneraría la libre competencia y la transparencia del mercado, una justificación apoyada en la recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Sin embargo, la oposición y los analistas políticos han interpretado la decisión como una represalia contra Clarín, uno de los principales críticos del gobierno. La medida ha sido calificada por algunos como un claro ejemplo de abuso de poder, mientras que otros la defienden como una medida necesaria para proteger la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Telecom, por su parte, ha respondido con un comunicado mesurado, en el que reiteró su compromiso con la normativa vigente y su voluntad de colaborar con las autoridades en el análisis de la operación. Si bien la empresa reconoció la suspensión, dejó en claro que esperará la notificación formal para evaluar el alcance de la medida y definir sus próximos pasos. La decisión presidencial ha abierto una profunda grieta entre el gobierno y el Grupo Clarín, intensificando un conflicto que ya venía gestándose desde el inicio de la administración Milei. Las repercusiones de esta medida se extenderán más allá del ámbito económico, con consecuencias políticas e incluso sociales que aún son difíciles de predecir. La suspensión de la venta, independientemente de sus justificaciones económicas, se presenta como una clara muestra del estilo confrontativo del gobierno de Milei y su compleja relación con la prensa y los medios de comunicación.