Libia, con sus vastas reservas de petróleo, ha sido durante mucho tiempo una fuente tanto de promesas económicas como de agitación política. Mientras que el sector petrolero oficial permanece bajo el control de la Corporación Nacional de Petróleo (NOC), un próspero comercio ilícito de petróleo continúa minando la estabilidad económica de Libia y alimentando las divisiones políticas. Informes recientes, incluyendo los de The Financial Times, sugieren que tanto el gobierno con sede en el este, alineado con Khalifa Haftar, como el gobierno con sede en Trípoli bajo Abdul Hamid Dbeibah, están implicados en facilitar o beneficiarse de estas operaciones de contrabando. Esta dinámica subraya cómo el comercio ilícito de petróleo se ha convertido no solo en un problema económico, sino en un arma política en el paisaje fragmentado de Libia. **Mecánica del contrabando y sus fundamentos políticos:** El comercio ilícito de petróleo de Libia opera a través de una red sofisticada que involucra a facciones armadas, empresas privadas y contrabandistas internacionales. El crudo a menudo se intercambia por combustibles refinados, que se venden en el mercado interno a precios fuertemente subsidiados. Los contrabandistas explotan este sistema desviando productos refinados para su venta en el mercado negro internacional, generando enormes ganancias. Tanto los gobiernos del este como del oeste se han beneficiado indirectamente de este comercio. El gobierno con sede en el este bajo Haftar, que controla gran parte de la infraestructura petrolera de Libia, ha permitido que actores privados como Arkenu Oil Company operen independientemente de la NOC. Según los informes, Arkenu ha exportado más de $600 millones en petróleo desde su establecimiento, eludiendo los canales oficiales de Trípoli y reflejando la creciente influencia de Haftar sobre el sector petrolero de Libia. El control militar de Haftar sobre los campos petrolíferos clave y las terminales de exportación le otorga influencia sobre los ingresos petroleros, lo que le permite financiar su llamado Ejército Nacional Libio (LNA) y consolidar el poder político. Mientras tanto, el gobierno con sede en Trípoli liderado por Dbeibah ha mantenido el control de la NOC, pero ha luchado por frenar el contrabando de combustible. A pesar de la presión internacional, los subsidios al combustible siguen vigentes en el oeste de Libia, donde la gasolina se vende a alrededor de 0.150 dinares libios por litro, uno de los precios más bajos a nivel mundial. Esta disparidad de precios incentiva el contrabando a gran escala a los países vecinos, y las ganancias supuestamente ayudan a financiar grupos armados alineados con el gobierno de Trípoli. El gobierno de Dbeibah se ha resistido a eliminar estos subsidios, temiendo una reacción política y una mayor inestabilidad en el oeste de Libia. **Monitoreo internacional e ineficacia:** La Operación Irini de la Unión Europea, lanzada en 2020 para hacer cumplir el embargo de armas de la ONU y monitorear las exportaciones ilegales de petróleo, ha tenido un éxito limitado. Si bien la operación ha interceptado algunos envíos, las redes de contrabando se han adaptado, utilizando embarcaciones más pequeñas y rutas más complejas para evadir la detección. Los informes indican que algunas de estas redes operan con la aprobación tácita de las facciones políticas de ambos lados, lo que complica aún más los esfuerzos internacionales para controlar el comercio ilícito. **Consecuencias económicas e implicaciones políticas:** El impacto económico del comercio ilícito de petróleo de Libia es profundo. Según el Banco Mundial, Libia pierde más de $5 mil millones anuales por el contrabando de combustible y las ventas de petróleo no reguladas. Estas pérdidas privan al presupuesto nacional de ingresos críticos que podrían financiar infraestructura, atención médica y servicios sociales. En cambio, gran parte de este dinero termina en manos de milicias y actores políticos, reforzando el ciclo de conflicto e inestabilidad. **Desafíos políticos y el camino a seguir:** Resolver el comercio ilícito de petróleo de Libia requerirá más que un monitoreo internacional o reformas técnicas; exigirá una reconciliación política entre los gobiernos rivales del este y del oeste. Sin una política petrolera nacional unificada y una autoridad central para regular la producción y exportación de petróleo, las redes de contrabando seguirán prosperando. El desafío radica no solo en abordar los factores económicos de este comercio, sino también en desmantelar los incentivos políticos que lo sostienen. El comercio ilícito de petróleo de Libia no es simplemente una empresa criminal; refleja las profundas divisiones políticas del país y los intereses encontrados de los gobiernos de Haftar y Dbeibah. Hasta que las facciones políticas de Libia puedan acordar una política petrolera unificada y un mecanismo para distribuir los ingresos de manera justa, el comercio ilícito continuará desestabilizando al país y socavando su camino hacia la recuperación.