Las calles de Buenos Aires han sido escenario de una creciente tensión social, reflejada en las protestas de jubilados que exigen una recomposición urgente de sus haberes. La marcha del miércoles 19 de marzo de 2025 no fue la excepción, generando un clima de confrontación que ha puesto en jaque al gobierno. Los sucesos de la semana anterior, con graves incidentes incluyendo un patrullero incendiado y un fotógrafo herido de gravedad, han marcado el tono de la protesta. Este artículo analiza a fondo esta situación, explorando las causas del conflicto, la respuesta gubernamental y las posibles consecuencias políticas. **El contexto de la protesta:** Los jubilados argentinos enfrentan una dura realidad económica. La inflación galopante erosiona el poder adquisitivo de sus pensiones, que se encuentran considerablemente por debajo de la línea de pobreza. Su reclamo por una recomposición de sus haberes es, por tanto, legítimo y refleja una situación de vulnerabilidad social. Este malestar se ve amplificado por la inacción del gobierno ante demandas reiteradas durante meses. **La respuesta gubernamental: Una estrategia de control y represión:** Ante la creciente presión social, el gobierno ha optado por una estrategia de control y represión, en lugar de abordar las causas de fondo del conflicto. La advertencia difundida en las estaciones de trenes, anunciando la represión de cualquier "atentado a la República", ha generado una gran controversia. Esta frase, ambigua y amenazante, evidencia una falta de voluntad para dialogar y buscar soluciones pacíficas. Además, el anuncio de una recompensa de 10 millones de pesos para quienes informen sobre los responsables de los disturbios de la semana anterior, refuerza la estrategia de criminalización de la protesta. **El operativo de seguridad:** El despliegue de un amplio operativo de seguridad alrededor del Congreso, con cientos de efectivos policiales, refuerza la imagen de un gobierno que prioriza el control social sobre el diálogo. La medida, aunque comprensible en términos de seguridad pública, genera un clima de intimidación y contribuye a la escalada de tensión. El retiro preventivo de contenedores de residuos para evitar su uso en enfrentamientos también habla de la magnitud del despliegue y de la anticipación de posibles enfrentamientos violentos. **La participación de otros actores:** La marcha de los jubilados no se limita a los propios pensionados. Organizaciones sociales, sindicales y partidos de izquierda se han sumado a la protesta, ampliando el espectro del conflicto y su potencial impacto político. La participación de algunos grupos más radicalizados, aunque denunciada por el gobierno como infiltración de barras bravas, revela la fragmentación del descontento social y la dificultad para canalizar las demandas de la población. **Implicaciones políticas:** La situación actual plantea importantes desafíos para el gobierno. La incapacidad de resolver el conflicto social, sumada a la estrategia represiva, podría generar un aumento de la tensión social y erosionar aún más su legitimidad. El manejo del conflicto se ha convertido en una prueba clave para la gestión, que deberá buscar una solución que combine el mantenimiento del orden público con la atención a las necesidades de los jubilados y la sociedad en su conjunto. El equilibrio entre seguridad pública y derecho a la protesta se presenta como un desafío urgente y crucial para el gobierno en los meses venideros. **Conclusión:** La marcha de los jubilados no es simplemente una protesta aislada, sino un reflejo de un profundo malestar social. La respuesta gubernamental, basada en la represión y el control, se muestra insuficiente para abordar las causas del problema. El gobierno debe replantear su estrategia y buscar soluciones de fondo para aliviar la situación de vulnerabilidad de los jubilados y prevenir una mayor escalada de la tensión social.