El mundo del internet se conmocionó con la noticia de la detención de Yao Cabrera, el popular youtuber uruguayo con más de 25 millones de seguidores. La Policía Federal Argentina (PFA) lo arrestó en Córdoba para que comience a cumplir una condena de cuatro años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y reducción a la servidumbre. Esta condena, dictada en abril del año pasado por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 de San Martín, finalmente se hizo efectiva tras el rechazo de un recurso presentado por la defensa de Cabrera ante la Cámara Federal de Casación Penal. La causa, que se originó en el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, se centra en las denuncias realizadas por diferentes personas, incluyendo su ex manager Jorge Zonzini, la ex diseñadora gráfica Giovanna De Mitole y ex empleados de la organización VIRAL/WIFI, liderada por Cabrera. Estas denuncias incluían acusaciones por abuso sexual, corrupción de menores, parafilia y, centralmente, trata de personas. El caso más destacado involucra a De Mitole, quien declaró haber sido sometida a condiciones de servidumbre, trabajando jornadas extenuantes con salarios insuficientes y comida en mal estado, en la “Mansión WIFI”, sede de operaciones del influencer. Según el testimonio de De Mitole y la sentencia de la jueza Nada Flores Vega, Cabrera se aprovechó de su vulnerabilidad económica para obligarla a trabajar bajo condiciones precarias. El fallo detalla jornadas laborales que superaban las 12 horas diarias, sin descanso, con amenazas de despido y multas por incumplimiento de tareas que incluían la grabación de videos con ciertas personas y la reproducción de material en redes sociales. Adicionalmente, la víctima recibió como compensación una suma de 6.000.000 de pesos como reparación integral. El fiscal Eduardo Codesido, durante el juicio, enfatizó el estado de vulnerabilidad de la víctima y la manipulación por parte de Cabrera para someterla a estas condiciones. El caso pone de relieve la problemática de la explotación laboral y la vulnerabilidad de las personas que buscan oportunidades en el mundo digital, exponiéndose a posibles abusos por parte de figuras públicas influyentes. La detención de Cabrera genera un debate sobre la responsabilidad de los influencers ante sus acciones y el impacto que sus conductas pueden tener en sus seguidores. Además, resalta la importancia de la denuncia y la búsqueda de justicia por parte de las víctimas de este tipo de delitos. El caso sigue abierto, con otras causas pendientes por delitos sexuales contra menores y venta de drogas que enfrentará Cabrera durante su condena.