El 12 de febrero de 2025, la escena musical argentina se vio sacudida por la cancelación del concierto del cantante Milo J en el Espacio Memoria y Derechos Humanos exESMA. La decisión, tomada por la Justicia a pedido del Gobierno a través de una medida cautelar presentada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, generó un fuerte debate público sobre la libertad de expresión, la utilización de espacios de memoria y la instrumentalización política del sistema judicial. El evento, una pre-escucha gratuita del álbum "166 (Deluxe)" del artista, esperaba reunir a cerca de 20.000 jóvenes. Milo J denunció en sus redes sociales que el Gobierno presentó información falsa para justificar la suspensión, incluyendo datos erróneos sobre planes de evacuación y salidas de emergencia. La madre del cantante incluso alegó amenazas de represión si el concierto seguía adelante. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, argumentó la decisión judicial basándose en la falta de autorizaciones y medidas de seguridad correspondientes para un evento de tal magnitud en un espacio de memoria. Sin embargo, el artista y su equipo refutan esta justificación, asegurando haber cumplido con todos los requisitos y presentando documentación que contradice la información del Gobierno. La medida cautelar, a la que accedió LA NACION, señala que el evento no se alineaba con los objetivos del Espacio Memoria exESMA, dedicado a la preservación de la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos. Esta afirmación refuerza el debate sobre la interpretación y el uso de estos espacios, cuestionando si la cancelación del concierto configura una forma de censura o control político. La reacción del público fue inmediata. Miles de fanáticos que se habían acercado al lugar tuvieron que dispersarse ante la presencia de un fuerte operativo policial, incluyendo camiones hidrantes. Milo J, visiblemente afectado, transmitió en vivo su indignación y pidió a sus seguidores retirarse pacíficamente para evitar enfrentamientos. La polémica se extendió más allá de los círculos musicales. Javier Milei, líder de la oposición, criticó la decisión gubernamental, calificándola de incompatible con un país que se precia de ser libre. Diversas organizaciones de derechos humanos y artistas se pronunciaron expresando su preocupación por la libertad de expresión y la instrumentalización política de la Justicia. La suspensión del concierto de Milo J en la exESMA plantea interrogantes cruciales sobre la transparencia en la administración pública, el debido proceso legal, la libertad de expresión artística y la gestión de espacios de memoria. El debate generado tras este suceso destaca la importancia de proteger el derecho a la manifestación cultural y evitar la manipulación política de instituciones clave en una democracia.