En las últimas semanas, la cantante Lali Espósito se vio envuelta en una controversia generada por una noticia falsa que rápidamente se viralizó en redes sociales. Usuarios afines al gobierno de Javier Milei compartieron una imagen que simulaba un contrato entre Amnistía Internacional y la artista, alegando que la organización le había pagado 200 millones de pesos para que participara en la marcha antifascista del 1° de febrero. Amnistía Internacional Argentina desmintió categóricamente la información, calificándola de "fake news" y denunciando la manipulación de su logo y el de Infobae para darle apariencia de autenticidad al documento. La organización remarcó la falsedad del contrato, señalando la ausencia de información básica como nombres completos de las partes o elementos contractuales que cumplen con sus protocolos de transparencia. El comunicado de Amnistía Internacional enfatizó que este tipo de acciones buscan deslegitimar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos que alzan su voz contra la violencia y las injusticias. La propia Lali Espósito respondió a la publicación de Amnistía Internacional con un mensaje de apoyo: "Para adelante con la verdad y el amor". Su participación en la marcha, donde se la vio junto a otras artistas como María Becerra y Taichu, había sido previamente interpretada por sectores opositores como una muestra de apoyo político a determinada línea ideológica. Sin embargo, la cantante siempre se ha mostrado activa en la defensa de los derechos humanos, especialmente de la comunidad LGBTQI+. El análisis de la imagen del supuesto contrato revela una manipulación burda. La calidad gráfica es baja, la tipografía es inconsistente y la estructura del documento dista de lo que se esperaría de un contrato formal. Se observa claramente un intento de engañar a la audiencia a través de la utilización de logos conocidos. El rápido desmentido de Amnistía Internacional y la respuesta de Lali Espósito fueron claves para neutralizar la difusión de la información falsa. Este incidente resalta la creciente preocupación sobre la propagación de noticias falsas, especialmente en el contexto político actual. La utilización de imágenes y documentos manipulados con el objetivo de desinformar y desacreditar a figuras públicas o instituciones es una práctica que requiere una respuesta firme y una mayor conciencia ciudadana para combatirla. La rápida difusión de la información falsa en redes sociales y su impacto en la opinión pública demuestra la necesidad de desarrollar estrategias de verificación y contra-información efectiva. El caso también pone en evidencia las estrategias de deslegitimación que se emplean contra organizaciones de derechos humanos y figuras que se pronuncian en contra de la violencia y la discriminación. La utilización de una campaña de desinformación en este caso, dirigida a una figura pública popular, evidencia la intención de desprestigiar no solo a Lali Espósito sino también al trabajo de Amnistía Internacional en la defensa de los derechos humanos en Argentina.