La muerte de Lucas Aguilar, un repartidor de 20 años asesinado a puñaladas en Moreno, desató una violenta protesta frente a la municipalidad. Familiares, amigos y colegas del joven se enfrentaron con la policía, dejando un saldo de al menos 15 detenidos. Este trágico evento ha puesto en el centro de la escena la problemática de la inseguridad en el conurbano bonaerense y ha generado un fuerte cruce político entre el gobierno provincial y el nacional. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, responsabilizó directamente al gobierno nacional por la situación, argumentando que la falta de envío de 700 mil millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, previstos por ley para financiar la seguridad provincial, ha impedido la compra de miles de patrulleros y ha debilitado la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad. Alonso aseguró que con ese monto se podrían haber adquirido 10.000 patrulleros, una afirmación que ha generado un intenso debate público. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, se sumó a las críticas, recalcando la falta de fondos para equipar a la policía municipal y provincial. Según sus declaraciones, el municipio ha tenido que asumir gastos extraordinarios para paliar la situación, evidenciando la escasez de recursos para combatir la inseguridad. Por su parte, el gobierno nacional aún no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones. Sin embargo, la situación en Moreno refleja un problema estructural de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, un tema que ha sido debatido extensamente durante años, y que se evidencia con la falta de recursos y la crisis social presente. El asesinato de Aguilar no fue un hecho aislado. En los últimos días se registraron cuatro muertes violentas en la localidad, incluyendo el caso de Brandon Maciel, un joven asesinado por motochorros. Estos hechos alimentan la sensación de desprotección y la creciente indignación de los vecinos. La protesta en sí misma fue violenta, con enfrentamientos que incluyeron el lanzamiento de piedras, el incendio de neumáticos y el uso de gas pimienta y balas de goma por parte de la policía. Testigos relataron situaciones de violencia policial excesiva, incluyendo la detención violenta de una repartidora que intentaba retirarse del lugar. Las imágenes de los enfrentamientos se han viralizado en redes sociales, generando aún más polémica y controversia. Más allá del debate político, el caso de Lucas Aguilar y las protestas en Moreno dejan al descubierto una realidad alarmante: la falta de seguridad en el conurbano bonaerense y la necesidad urgente de implementar políticas públicas efectivas para combatir la inseguridad y la violencia. La falta de recursos, la precariedad de las fuerzas de seguridad y la falta de respuestas por parte de las autoridades han generado un clima de tensión social que requiere una respuesta contundente y coordinada entre todos los niveles de gobierno.