En las últimas semanas, Argentina ha sido testigo de dos eventos que han generado un intenso debate público: dos jubilados mataron a ladrones que intentaban robar sus viviendas. Estos casos, ocurridos en Malvinas Argentinas y La Matanza, presentan interrogantes cruciales sobre la legítima defensa, el uso de armas de fuego y la creciente inseguridad en el país. El primer caso, en Malvinas Argentinas, involucra a un hombre de 87 años que disparó tres veces con una carabina calibre 22 contra un ladrón que había ingresado a su casa con una barreta. El jubilado alegó que el delincuente lo atacó, por lo que actuó en defensa propia. La investigación se centra en determinar si hubo o no un exceso en la legítima defensa. El segundo caso, en La Matanza, involucra a un jubilado de 78 años que mató a un ladrón de 16 años que intentaba robarle su camioneta. En este caso, el fiscal determinó que el jubilado actuó en legítima defensa y no inició acciones legales contra él, aunque la investigación se centra en la búsqueda de cómplices del menor. **¿Legítima defensa o exceso?** El concepto de legítima defensa está definido legalmente como la acción realizada para repeler una agresión ilegítima, inminente y necesaria. Sin embargo, la línea que separa la legítima defensa del exceso es a menudo difusa y depende de las circunstancias específicas de cada caso. Factores como la proporcionalidad de la respuesta (el uso de una carabina calibre 22 contra un ladrón con una barreta, por ejemplo), la inminencia del peligro y la posibilidad de una defensa menos letal, son cruciales para la determinación judicial. En ambos casos, la edad de los jubilados y la gravedad de la amenaza percibida se presentan como argumentos clave en su defensa. La sensación de vulnerabilidad e indefensión frente a la delincuencia, particularmente en un contexto de creciente inseguridad, influye en la percepción pública del asunto. **Implicaciones sociales y el debate público** Estos eventos han reavivado el debate sobre la tenencia de armas, la eficacia de las políticas de seguridad y la necesidad de abordar las causas profundas de la delincuencia. Mientras algunos argumentan que los jubilados actuaron en defensa propia, otros critican el uso letal de la fuerza, especialmente considerando la diferencia de edad y las posibles alternativas no letales. El debate se polariza entre la necesidad de proteger a los ciudadanos y la importancia de respetar el derecho a la vida. La ausencia de un marco legal claro y consistente para regular la legítima defensa en situaciones como estas contribuye a la ambigüedad y a la dificultad para determinar la culpabilidad o inocencia de los implicados. **Conclusión** Los casos de los jubilados que mataron a ladrones ponen de manifiesto la complejidad del problema de la inseguridad en Argentina. Si bien la legítima defensa es un derecho fundamental, es crucial analizar cada caso individualmente, considerando las circunstancias y las posibles alternativas. El debate público debe enfocarse en la búsqueda de soluciones integrales que aborden tanto las causas de la delincuencia como la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, sin dejar de lado el respeto irrestricto por el Estado de derecho y el debido proceso legal.