En un giro inesperado que puso fin a una tensa disputa diplomática, Colombia envió dos aviones a Estados Unidos para repatriar a 110 ciudadanos colombianos deportados. Esta acción siguió a un impasse con la administración Trump, generado por la negativa inicial del presidente Gustavo Petro de aceptar dos vuelos con migrantes deportados, alegando falta de garantías para un trato digno.
El presidente Petro, a través de su cuenta de X (antes Twitter), expresó su preocupación por la falta de respeto a los derechos humanos de los migrantes deportados. Su decisión de rechazar inicialmente los vuelos de Estados Unidos, generó una respuesta inmediata y contundente por parte de la administración Trump, que amenazó con imponer aranceles del 25% a los productos colombianos, con la posibilidad de aumentarlos al 50% en una semana, además de otras sanciones.
Esta amenaza de una guerra comercial entre ambos países provocó una rápida movilización diplomática. El gobierno colombiano, consciente del impacto económico potencial de una escalada, intensificó las negociaciones con Estados Unidos. Tras intensas conversaciones, se llegó a un acuerdo que permitió la partida de dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana hacia San Diego (California) y Houston (Texas) para repatriar a los 110 deportados.
Los aviones no solo transportaron a los deportados sino también a funcionarios de Migración Colombia y la Cancillería, así como personal sanitario, asegurando que se respetaran los derechos humanos y se proporcionara atención médica si fuera necesaria. La Fuerza Aérea Colombiana confirmó en su cuenta de X el despegue de ambos aviones, destacando el compromiso de garantizar el “retorno digno y con garantía de derechos a los connacionales”.
La Casa Blanca, por su parte, emitió un comunicado asegurando que Colombia había aceptado “todos los términos del presidente Trump” respecto a las deportaciones, incluyendo la aceptación sin restricciones de todos los deportados en vuelos militares, sin limitaciones ni retrasos. Aunque la Casa Blanca declaró el impasse superado, el gobierno colombiano matizó la situación en un comunicado, afirmando que se había superado el impasse y que se ponían a disposición sus aviones para la repatriación, sin mencionar explícitamente la aceptación de “todos los términos” de Trump.
Este episodio pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, y la rapidez con la que una disputa puede escalar a una crisis diplomática de gran envergadura. Si bien se llegó a un acuerdo, las tensiones entre ambos países persisten y la situación deja abierta la posibilidad de futuros conflictos en temas de migración y comercio.
El incidente también resalta la complejidad de la gestión de la migración y la necesidad de encontrar soluciones que respeten los derechos humanos de los migrantes mientras se abordan las preocupaciones de seguridad nacional de los países receptores. La situación continúa en observación, con la expectativa de que se mantengan abiertas las vías de diálogo y cooperación entre ambas naciones.