El gobierno de Javier Milei ha generado una nueva sacudida en el ámbito político argentino con el despido del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. Esta decisión, tomada a mediados de enero de 2025, ha desatado un intenso debate sobre las razones detrás de la misma y las implicaciones para el futuro de la administración pública. La información proveniente de fuentes oficiales y periodísticas apunta a una combinación de factores que llevaron a la salida de Barra, un jurista con una larga trayectoria en la función pública, incluyendo su paso por la Corte Suprema durante el menemismo. Uno de los puntos centrales de la controversia es un dictamen emitido por la Procuración del Tesoro, específicamente por el subprocurador Marcos Serrano, relacionado con un reclamo salarial de una empleada pública. Si bien el dictamen no se oponía directamente a la postura del gobierno, su falta de contundencia en la defensa de la decisión ejecutiva, particularmente al mencionar el carácter remunerativo de los incentivos salariales en cuestión, generó malestar en la Casa Rosada. Este caso, enmarcado en un contexto de ajustes y despidos en la administración pública, resultó particularmente sensible para el gobierno de Milei. Otro elemento que se suma a la controversia es la cantidad de tiempo que Barra habría pasado fuera del país durante el primer año de gestión, con numerosos viajes a Punta del Este, Uruguay, donde reside su familia. Fuentes cercanas al gobierno argumentan que esta ausencia del país demuestra una falta de compromiso con las responsabilidades del cargo. Se destaca también la falta de una relación directa y estrecha entre Barra y el propio Presidente Milei, un factor que habría debilitado su posición dentro del gobierno. La salida de Barra no es un hecho aislado. En semanas previas, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, también fue removido de su cargo, por motivos similares de alineamiento político y cuestionamientos en torno a sus gastos en viajes. Esta sucesión de cambios en altos cargos gubernamentales refleja la firme intención del gobierno de Milei de rodearse de funcionarios completamente leales a sus políticas y dispuestos a actuar en línea con sus directrices. En cuanto a los posibles sucesores de Barra, se mencionan varios nombres, entre ellos Ricardo Manuel Rojas, ex secretario letrado de la Corte Suprema y ex juez en lo criminal, considerado como el candidato favorito. Otros nombres que circulan son Carlos Laplacette y Santiago Castro Videla, ambos con experiencia en el ámbito jurídico. La designación del nuevo Procurador del Tesoro será crucial para definir la estrategia legal del gobierno frente a demandas y litigios contra el Estado, teniendo especial relevancia en el contexto de la actual política de ajuste. El despido de Rodolfo Barra marca un punto de inflexión en la administración Milei, revelando una gestión caracterizada por una exigencia absoluta de lealtad y una actitud intransigente hacia aquellos funcionarios percibidos como desalineados con sus objetivos políticos. El análisis de este caso y sus consecuencias se extenderá más allá del ámbito jurídico, influyendo en la percepción pública de la gestión del gobierno y en el equilibrio de poder dentro de la administración.