El gobierno de Javier Milei ha removido a Rodolfo Barra de su cargo como Procurador del Tesoro, generando un fuerte revuelo en el ámbito político y jurídico argentino. Barra, un jurista con una larga trayectoria que incluye su paso por la Corte Suprema durante el menemismo, ha sido objeto de críticas por parte del gobierno libertario, que argumenta su despido en base a diversos factores. Uno de los principales motivos citados por la Casa Rosada es un dictamen emitido por la Procuración del Tesoro, aunque no directamente firmado por Barra sino por su segundo, Marcos Serrano. Este dictamen, relacionado con el reclamo de una empleada pública por la quita de un incentivo salarial, no habría defendido los intereses del gobierno de la manera esperada. Si bien el dictamen justifica parcialmente la decisión gubernamental, menciona el carácter remunerativo de los incentivos, un punto que habría generado malestar en Balcarce 50. La Casa Rosada también cuestiona la prolongada ausencia de Barra del país durante 2024, con numerosos viajes a Punta del Este, Uruguay, donde se rumorea que el funcionario tiene domicilio y su esposa reside. Esta situación, sumada a la percepción de una falta de alineamiento con las directivas del gobierno, habría sido determinante en la decisión de su despido. Se asemeja a la situación de Ignacio Yacobucci, ex titular de la UIF, removido por no “ordenarse” con las instrucciones del gobierno en temas de corrupción. El despido de Barra, un funcionario recomendado por el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse (despedido por Milei), también refleja la inestabilidad política y la exigencia de lealtad absoluta dentro de la gestión libertaria. La falta de un jefe político dentro del gobierno y las sospechas de “operar” contra los intereses del Ejecutivo habrían contribuido a su salida. Para el reemplazo de Barra, varios nombres circulan, entre ellos Ricardo Manuel Rojas, ex secretario letrado de la Corte Suprema y ex juez en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido por su libro “La Inflación como delito”, Carlos Laplacette, con experiencia en el estudio Cassagne, y Santiago Castro Videla, abogado del estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados. La designación del nuevo Procurador del Tesoro marcará un nuevo rumbo en la estrategia jurídica del gobierno de Milei. La situación pone de manifiesto la tensión entre la administración pública y el sistema judicial, así como la importancia de la lealtad política dentro de la estructura gubernamental de Milei. El caso Barra representa una pieza clave en la consolidación del poder del presidente y la conformación de un equipo totalmente alineado con su ideología.