El caso de la niña de 13 años violada y embarazada en Saladillo, provincia de Buenos Aires, Argentina, ha conmocionado al país y generado una ola de indignación que culminó en una violenta pueblada. La detención de la madre, Daniela A., y el padrastro, Nelson L., por encubrimiento y abuso sexual respectivamente, fue el detonante de una serie de protestas que dejaron tras de sí un saldo de violencia y destrucción. La indignación ciudadana se centró en la aparente falta de acción ante posibles denuncias previas, un rumor que fue desmentido por las autoridades, pero que avivó las llamas de la furia popular. La detención de la pareja, ocurrida en la localidad vecina de Azul, se produjo tras la declaración de la menor en el Hospital Posadas, donde dio a luz a su bebé. Inicialmente, la niña había señalado a otra persona como responsable, pero luego cambió su testimonio acusando a su padrastro. El punto álgido de la situación llegó con el incendio de la casa de la fiscal Patricia Hortel, quien no estaba involucrada en el caso. Este acto vandálico, ejecutado por un grupo autodenominado "autoconvocados", evidencia la rabia y la confusión que reinaban en la población. La fiscal Hortel se convirtió en el blanco de las protestas debido a la propagación de rumores falsos, exacerbando la tensión y la violencia. Las autoridades han detenido a dos personas por el ataque a la casa de la fiscal Hortel, y la investigación de estos incidentes, encabezada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, está en curso. Mientras tanto, la Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires repudió la agresión a su colega. El caso también ha abierto un debate sobre la eficacia de los mecanismos de protección a menores y la importancia de actuar con rapidez y contundencia ante denuncias de abuso sexual. Este suceso en Saladillo no solo refleja la gravedad del problema del abuso sexual infantil en Argentina, sino también la frustración y la desesperación de la comunidad ante la percepción de impunidad y la falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones. La violencia desatada, aunque inaceptable, también señala la necesidad urgente de abordar las causas subyacentes de la indignación y encontrar maneras de canalizar la rabia ciudadana de forma constructiva, priorizando siempre el estado de derecho y la justicia. El caso continúa en investigación, y se espera que la justicia esclarezca los hechos y se impongan las sanciones correspondientes a todos los involucrados. La atención se centra ahora en brindar apoyo a la víctima y su bebé, así como en prevenir futuros casos de abuso sexual infantil y promover la protección de los derechos de los menores.