La tranquilidad de la ciudad bonaerense de Saladillo se vio brutalmente interrumpida por una serie de eventos que pusieron en evidencia la fragilidad del sistema judicial y la peligrosa espiral de la justicia por mano propia. El caso central gira en torno a una niña de 13 años que dio a luz a una bebé en el Hospital Posadas, tras lo cual se desató una pueblada con consecuencias devastadoras.

La noticia del parto precipitó la furia de los vecinos, quienes responsabilizan a la madre y al padrastro de la menor por el abuso sexual que presuntamente originó el embarazo. Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de violencia, con turbas atacando la vivienda familiar con piedras y otros objetos, causando importantes daños. Los gritos de indignación y las acusaciones de complicidad y prostitución infantil resonaron en las calles de Saladillo, generando un clima de tensión y miedo.

Sin embargo, lo más sorprendente es que la violencia no se limitó a la familia acusada. Un grupo de manifestantes también atacó la casa de la fiscal Patricia Hortel, titular de la UFI N°1. El hecho resulta particularmente inquietante, ya que la fiscal Hortel no tenía ninguna relación con la investigación del caso de abuso, que se encontraba a cargo de la UFI N°2. Esta acción irracional y errónea demuestra la falta de información, la desinformación y la peligrosidad de las reacciones impulsivas alimentadas por la indignación pública.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, encargado de investigar el ataque a la vivienda de la fiscal Hortel, ya detuvo a dos sospechosos. Las investigaciones intentan determinar si los atacantes actuaron por una venganza local, instigación externa o simplemente por una confusión en la identificación de la fiscal responsable del caso.

La Municipalidad de Saladillo emitió un comunicado oficial expresando su preocupación y reiterando su compromiso con la verdad y el respeto a todas las partes involucradas. Se confirmó que la denuncia por abuso sexual fue presentada ante la justicia desde el momento en que se conoció el caso y se solicitó celeridad en la investigación. Además, se garantizó la protección de la menor a través de los organismos de Niñez del Estado Municipal.

El caso de Saladillo expone una problemática compleja con varios aspectos que requieren atención. La indignación pública es comprensible ante un caso de abuso infantil, pero la violencia y la justicia por mano propia nunca son la solución. La necesidad de información veraz, la importancia de un proceso judicial justo y la prevención de la violencia colectiva son temas cruciales que deben abordarse con urgencia para evitar que situaciones similares se repitan.

Mientras la investigación continúa, la ciudad de Saladillo se encuentra en un estado de shock, intentando procesar las consecuencias de una pueblada que dejó un rastro de destrucción y puso de manifiesto la necesidad de fortalecer los canales de expresión social y los mecanismos de justicia para evitar que la ira ciega se traduzca en violencia indiscriminada.