El esquema de seguridad asignado a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y actual gestor de paz, se encuentra en medio de una profunda controversia tras la revelación de serias irregularidades. Informes periodísticos detallan acusaciones de modificaciones no autorizadas a los vehículos oficiales y el presunto uso indebido de armas pertenecientes a sus escoltas. Las denuncias, publicadas inicialmente por El Tiempo, apuntan a alteraciones en las camionetas asignadas al esquema. Se alega que los vehículos, alquilados por el Gobierno, fueron modificados con sistemas de amortiguación especiales para terrenos difíciles y antenas satelitales para acceso a internet. Estas modificaciones, realizadas sin la debida autorización, representan un posible mal uso de fondos públicos destinados a la seguridad de Mancuso, ya que los vehículos pertenecen a empresas privadas contratadas por el Estado. Otro hecho grave es el presunto uso de armas de fuego por parte de Mancuso en un polígono de tiro, la escuela SWAT de Bojacá, Cundinamarca. Testigos afirman que el coordinador del esquema, Javier Galeano, les confiscó los teléfonos móviles a los escoltas antes del incidente, dejándolos incomunicados. Mancuso habría utilizado las armas de los escoltas durante su visita, generando preocupación por una posible violación de las normas sobre el manejo de armamento oficial. Galeano, tras varios desacuerdos con los escoltas y las denuncias de irregularidades, habría renunciado a su cargo, aunque las razones exactas de su dimisión aún no se han aclarado. La responsabilidad del esquema de seguridad también es motivo de disputa. La Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se contradicen sobre quién ostenta dicha responsabilidad. La UNP, a través de la Unión Temporal 23-26 (un consorcio formado por Oncor y Superior), afirma estar a cargo de la gestión del esquema, mientras que la JEP alega que su protección fue temporal y sólo mientras Mancuso comparecía ante la justicia transicional. Esta falta de claridad genera incertidumbre y pone en tela de juicio la supervisión y control del esquema. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático, denunció públicamente el supuesto abuso de recursos. Briceño afirma que esta situación expone una preocupante falta de transparencia y control sobre los recursos públicos asignados a la protección de figuras como Mancuso, cuyo pasado como líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sigue generando controversia. Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos. Se busca determinar si las modificaciones a los vehículos y el uso del armamento constituyen violaciones a la ley. La confusión sobre la responsabilidad del esquema podría llevar a ajustes en los protocolos de seguridad para gestores de paz y otros individuos bajo protección especial. Las denuncias continúan generando un debate público sobre la transparencia y la eficacia de los mecanismos de protección y la justicia transicional en Colombia.