La semana pasada, Victoria Villarruel, vicepresidenta del Senado argentino, generó un fuerte debate al expresar su descontento con su salario a través de respuestas en Instagram. En medio de críticas por los elevados sueldos de los legisladores, Villarruel denunció que su remuneración se encuentra congelada desde hace un año, siendo inferior incluso a la de un vocero presidencial. Sus declaraciones, realizadas en respuesta a usuarios que la cuestionaban, acentuaron las fisuras internas en el gobierno de Javier Milei. Villarruel afirmó que percibe alrededor de 2,9 millones de pesos mensuales (después de descuentos), una cifra que considera insuficiente para cubrir sus gastos, considerando los aumentos de precios y la falta de beneficios adicionales como vivienda. Comparó su salario con el de otros funcionarios de alto rango, incluyendo al presidente, diputados, senadores, ministros, jueces y diplomáticos, afirmando ganar menos que todos ellos. La mención específica al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien recientemente recibió un ascenso y aumento salarial, se interpretó como una crítica indirecta a la gestión de Milei y su equipo. Esta situación se da en un contexto de fuertes críticas al congelamiento de las dietas de los senadores, decretado por la propia Villarruel hasta fines de marzo. A pesar de esta medida, la vicepresidenta defendió al Poder Legislativo, argumentando que su cierre sería un acto propio de las dictaduras, lo que pareció una crítica velada a las declaraciones de Milei, quien en varias ocasiones ha mostrado su desagrado hacia el Congreso. La polémica también se extendió hacia Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, a quien Villarruel acusó de haber aumentado sus dietas en un 70%. Esta acusación contrasta con los elogios que Milei ha brindado a Menem por su gestión en la Cámara baja. Esta situación evidenció la falta de unidad interna en el gobierno, con fuertes discrepancias entre los miembros del gabinete. El descargo de Villarruel no sólo cuestionó su propio salario, sino que también apuntó al discurso económico del gobierno de Milei. Al destacar los aumentos en la prepaga y los impuestos, cuestionó la narrativa de la bajada de la inflación y el ordenamiento de la macroeconomía promovida por el presidente. Esta crítica directa al corazón del discurso libertario resalta la complejidad de las tensiones internas y la discrepancia en las estrategias políticas del gobierno. La situación planteada por Villarruel refleja un conflicto entre la retórica anti-establishment de Milei y la realidad de la gestión gubernamental. La denuncia de la vicepresidenta, más allá de la cuestión salarial individual, plantea interrogantes sobre la transparencia, la equidad salarial y la cohesión interna en el gobierno. El caso pone en evidencia las dificultades que enfrenta Milei para unificar a su equipo y mantener una narrativa política consistente ante los desafíos económicos y sociales del país.