El INDEC en la mira de Milei: ¿Un nuevo IPC en el ojo de la tormenta?
La tensión política en Argentina alcanza al INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El gobierno de Javier Milei ha puesto bajo la lupa el organismo, generando un conflicto en torno a la implementación de una nueva metodología para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), generando incertidumbre y debate.
El nuevo IPC: ¿Cambio metodológico o disputa política?
En septiembre de 2024, Marco Lavagna, director del INDEC, anunció una modificación en la metodología del IPC, prometiendo una mayor cantidad de productos relevados y una actualización de la canasta de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) de 2018. Este cambio, previsto para principios de 2025, implica una ampliación significativa de la muestra, pasando de 320.000 a 500.000 productos y de 10.000 a 24.000 informantes.
Sin embargo, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la dirección de Santiago Bausilli, han expresado su preocupación y solicitaron a Lavagna que posponga la implementación del nuevo IPC. Fuentes internas del INDEC indican malestar entre funcionarios ante esta solicitud, sugiriendo un posible conflicto latente.
La principal preocupación del Gobierno radica en que la nueva canasta, con mayor ponderación de servicios, podría arrojar cifras de inflación significativamente superiores a las actuales, generando un impacto político indeseado. El cambio de metodología se presenta como un potencial detonante de mayor tensión en un contexto económico ya delicado.
El rol del sindicalismo: ¿Un factor de conflicto?
El acuerdo entre Lavagna y el sindicato ATE INDEC ha generado otro punto de fricción. Fuentes gubernamentales denuncian una especie de “cogobierno sindical” dentro del organismo, con presencia excesiva de propaganda sindical y utilización de los datos del INDEC para emitir comunicados críticos hacia las políticas gubernamentales. Un ejemplo reciente fue el informe de ATE INDEC que proponía un salario mínimo de 1.576.285 pesos para noviembre de 2024, basándose en una “Canasta de Consumos Mínimos” diferente a la utilizada oficialmente por el INDEC para la medición de la pobreza.
Este comunicado, que critica duramente las políticas económicas del gobierno y que coincide con declaraciones del titular de ATE, Roberto Aguiar, ha intensificado el malestar del gobierno con Lavagna y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad del INDEC.
Un nuevo índice de pobreza: ¿Más leña al fuego?
A la controversia del IPC se suma la decisión de la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de implementar un nuevo índice de pobreza trimestral con una metodología diferente a la del INDEC. Este nuevo índice, elaborado por el Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNSPC), proyecta una tasa de pobreza para el tercer trimestre de 2024 del 38,9%, generando discrepancias con las cifras oficiales del INDEC.
Esta situación exacerba las tensiones ya existentes, planteando dudas sobre la coordinación interministerial y la credibilidad de las estadísticas oficiales en el contexto de la actual crisis económica argentina.
El desafío para el gobierno de Milei
La situación del INDEC representa un desafío crucial para el gobierno de Milei. La gestión de la información estadística es fundamental para la credibilidad del gobierno y para la toma de decisiones económicas. El conflicto por el IPC y el rol del sindicato dentro del INDEC exige una respuesta contundente que asegure la transparencia y la imparcialidad del organismo, clave para la estabilidad económica y política del país.
El futuro del INDEC y la forma en que se resolverá esta crisis dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar las presiones políticas con la necesidad de mantener la independencia técnica y la credibilidad del organismo en la generación de datos estadísticos confiables.
