La incertidumbre reina en el sector del transporte público de pasajeros en Argentina. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se encuentra analizando la posibilidad de llevar adelante un nuevo paro de colectivos a nivel nacional, esta vez con fecha tentativa para la segunda semana de enero de 2025. Esta amenaza se cierne a pesar de la reciente conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, que buscaba evitar una medida de fuerza prevista inicialmente para el 19 de diciembre.

La disputa salarial es el corazón del conflicto. La UTA reclama mejoras salariales que consideran insuficientes frente al contexto inflacionario del país. Si bien la conciliación obligatoria logró aplazar el paro del 19 de diciembre, las negociaciones no han logrado alcanzar un acuerdo satisfactorio para el gremio, lo que alimenta la posibilidad de una nueva paralización de los servicios de transporte público.

Una audiencia virtual prevista para el jueves 26 de diciembre entre la UTA y las cámaras de colectivos del interior fue postergada para el viernes 27, tras un cuarto intermedio decretado por la Secretaría de Trabajo. El resultado de esta audiencia será crucial para determinar si el paro de enero se concreta o se logra un acuerdo que lo evite.

¿Qué día no habrá colectivos? Si bien la UTA apunta a la segunda semana de enero, la fecha exacta del paro dependerá del resultado de las negociaciones y la posibilidad de una extensión de la conciliación obligatoria por parte del Gobierno. De no alcanzarse un acuerdo, la interrupción del servicio podría afectar a todo el país durante varios días, generando un caos considerable en la movilidad urbana e interurbana.

El conflicto se extiende más allá del ámbito salarial. Las empresas de transporte también advierten sobre la insostenibilidad del sistema, argumentando que la falta de actualización de los costos operativos, especialmente en los subsidios, pone en riesgo la viabilidad de muchas compañías. Señalan que, sin una revisión de las tarifas y los subsidios, podrían verse obligadas a reducir significativamente el servicio, incluso eliminar algunas líneas.

El Gobierno, por su parte, mantiene la conciliación obligatoria como una herramienta para evitar el paro, pero la presión del gremio y las dificultades económicas de las empresas generan un panorama complejo. La población, en última instancia, es la que sufrirá las consecuencias de este conflicto, por lo que la resolución rápida y eficiente del mismo resulta fundamental.

Se recomienda a los usuarios del transporte público mantenerse informados sobre las novedades y las decisiones finales de la UTA y el Gobierno para planificar sus traslados adecuadamente. Las actualizaciones se publicarán a través de los medios de comunicación y los canales oficiales del gremio.