El 25 de diciembre de 2024, dos diplomáticos rusos se negaron a someterse a un control de alcoholemia en Buenos Aires, Argentina, generando un incidente que puso en el centro del debate la inmunidad diplomática. Los funcionarios, Sergei Baldín y Cardmath Solomatin, se atrincheraron en sus vehículos con matrículas diplomáticas tras ser detenidos por agentes de tránsito durante un operativo vial navideño. Este hecho derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad, la Cancillería argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación. La Embajada de Rusia emitió un comunicado calificando los hechos como "una grave violación del derecho internacional" y afirmando que los vehículos diplomáticos son inmunes a cualquier tipo de parada o registro, basándose en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Un funcionario de la embajada, identificándose como Primer Secretario, reiteró esta postura ante los medios, enfatizando la inviolabilidad de los vehículos diplomáticos. Sin embargo, la Convención de Viena también establece en su artículo 41, inciso 1, que las personas con privilegios e inmunidades deben respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. Esta aparente contradicción genera un complejo escenario legal. Mientras que los diplomáticos gozan de inmunidad de arresto y procesamiento penal, se espera que cumplan con las normas locales, incluyendo las leyes de tránsito. Una circular de 2022, a la que tuvo acceso Infobae, refuerza la idea de que la inmunidad diplomática no exime del cumplimiento de las normas de tránsito. El incidente provocó un despliegue significativo de recursos policiales y una intensa atención mediática. Las autoridades argentinas, aunque respetaron los protocolos internacionales y evitaron el arresto de los diplomáticos, labraron actas de infracción por la negativa a realizar el test de alcoholemia. La cuestión ahora reside en la posibilidad de gestiones diplomáticas entre Argentina y Rusia para abordar el tema y definir los pasos a seguir, incluyendo la posible solicitud de explicaciones formales por parte del gobierno argentino. El debate se centra en la interpretación del artículo 41 de la Convención de Viena, si la negativa a un test de alcoholemia se considera una violación de las leyes locales que los diplomáticos deben respetar. Expertos legales consultados coinciden en la complejidad del caso y en la necesidad de un análisis cuidadoso de la jurisprudencia internacional en casos similares. La falta de precedentes en Argentina, y la ambigüedad de la situación, pueden llevar a la apertura de canales diplomáticos para resolver la situación sin afectar las relaciones entre ambos países. También destaca la necesidad de una mayor claridad y actualización de protocolos para manejar situaciones que involucren inmunidad diplomática y normas de tránsito, tanto en Argentina como en otros países. El caso pone de manifiesto la necesidad de un equilibrio entre la inmunidad diplomática, que protege a los funcionarios de represalias, y el cumplimiento de las leyes del país anfitrión. Este incidente sirve como un recordatorio de la complejidad de las relaciones internacionales y de la importancia de la negociación diplomática para resolver este tipo de conflictos. Se espera un pronunciamiento oficial por parte del gobierno argentino que clarifique su posición y las posibles medidas a tomar a raíz de este incidente. La falta de un protocolo claro en estas situaciones podría generar futuras controversias. El desarrollo de este caso será crucial para establecer un precedente en la aplicación de la inmunidad diplomática en Argentina en relación con las leyes de tránsito.