La sesión del Senado argentino se convirtió en un campo de batalla político con la expulsión del senador Edgardo Kueider como telón de fondo, pero con ramificaciones que alcanzaron a otros legisladores. El intento de suspensión de Kueider, detenido en Paraguay con una gran suma de dinero sin declarar, desató una ola de acusaciones cruzadas que involucraron al senador Oscar Parrilli y a la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel.

La iniciativa de suspender a Kueider, impulsada por la oposición, se centró en su situación judicial y su cambio de bando político, pasando de las filas del kirchnerismo a las de La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, el oficialismo respondió con una contraofensiva que incluyó un intento de suspender a Parrilli, también con procesamiento judicial en la causa del Memorándum con Irán. Esta movida fue vista por muchos como una estrategia para desviar la atención del caso Kueider.

Parrilli, en una entrevista radial, calificó el intento de suspenderlo como un intento de “tapar el sol con las manos”, argumentando que la prioridad debía ser la situación de Kueider. El senador kirchnerista no solo denunció el posible delito de contrabando de activos, sino también el cambio de lealtad de Kueider, describiéndolo como una figura que “se dio vuelta como un panqueque” en términos políticos. Parrilli remarcó la gravedad institucional y política de la situación, señalando que Kueider representa “la escoria de la casta”, en referencia a las críticas del gobierno de Milei contra la “casta política”.

La situación de Kueider es particularmente delicada. Su arresto en la Triple Frontera, junto a su secretaria, con más de US$200.000 sin declarar, abre la puerta a investigaciones por contrabando de activos y lavado de dinero. Su rol clave en la aprobación de la Ley Bases para el gobierno de Milei, y sus vínculos con el asesor Santiago Caputo, también agregaron combustible al fuego político. Parrilli incluso insinuó la posibilidad de que Kueider revele información comprometedora sobre financiamiento político si es expulsado del Senado.

Por su parte, la vicepresidenta Villarruel, criticó duramente al kirchnerismo por el rechazo a la suspensión de Parrilli, acusándolos de hipocresía. En una conferencia de prensa en los pasillos del Congreso, calificó la decisión como una protección al senador procesado por encubrimiento agravado del atentado a la AMIA. Villarruel también enfatizó la necesidad de congelar las dietas de los senadores, considerando la situación económica del país.

El debate en el Senado dejó en evidencia las profundas divisiones políticas en Argentina y la compleja interacción entre la justicia y la política. El caso Kueider, con sus ramificaciones y acusaciones cruzadas, plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en la política argentina, así como la eficacia de los mecanismos para sancionar a los funcionarios públicos involucrados en posibles actos de corrupción.

La ausencia notable del gobernador Axel Kicillof en un acto de Cristina Kirchner también generó especulaciones, con Parrilli expresando su sorpresa y haciendo referencia a la falta de unidad en el kirchnerismo. Este episodio refleja la fragmentación interna dentro del oficialismo, una situación que podría afectar la estabilidad política en el país.

En resumen, la sesión del Senado no solo fue decisiva para la suerte del senador Kueider, sino que expuso las fracturas políticas y las acusaciones de corrupción e hipocresía que dominan el escenario político argentino actual.