El debate sobre el regreso del servicio militar obligatorio en Perú se ha intensificado con la presentación de dos proyectos de ley que proponen su implementación, específicamente para jóvenes desempleados y sin estudios. Esta iniciativa, impulsada por la congresista María Grimaneza Acuña Peralta y la Municipalidad de Los Olivos, ha generado una fuerte polémica en el país, dividiendo a la opinión pública y a los expertos. **Los argumentos a favor:** Los proponentes argumentan que el servicio militar obligatorio podría ser una herramienta eficaz para combatir la delincuencia juvenil y la inseguridad ciudadana. Señalan que la disciplina militar, la formación en valores y la posibilidad de adquirir habilidades laborales podrían alejar a los jóvenes de la delincuencia, ofreciéndoles una alternativa a la falta de oportunidades. Además, algunos consideran que esto ayudaría a recuperar un supuesto “control generacional” perdido tras la suspensión del servicio militar obligatorio en 1999. Se menciona también la posibilidad de una compensación económica para los reclutas, similar a la que se ofrece en el actual sistema voluntario. **Las voces en contra:** Sin embargo, la propuesta ha sido fuertemente criticada. Muchos cuestionan su efectividad, argumentando que las estadísticas oficiales muestran que solo un pequeño porcentaje de los delincuentes son menores de edad. Se critica la falta de evidencia que respalde la afirmación de que el servicio militar obligatorio reduciría significativamente la delincuencia. También se argumenta que la medida podría estigmatizar a los jóvenes desempleados, etiquetándolos como potenciales delincuentes simplemente por su situación socioeconómica. Expertos en derechos humanos advierten sobre el riesgo de violaciones a los derechos fundamentales de los jóvenes, y sobre la posibilidad de que se convierta en una medida coercitiva y punitiva en lugar de rehabilitar. Finalmente, se plantea la necesidad de invertir en políticas sociales y educativas que aborden las causas profundas de la delincuencia y el desempleo juvenil, en lugar de recurrir a soluciones simplistas y potencialmente contraproducentes. **El contexto peruano:** Perú enfrenta serios problemas de inseguridad ciudadana y desempleo juvenil. Sin embargo, la solución al problema no debe buscarse en una medida tan drástica como el servicio militar obligatorio, sin antes considerar alternativas que prioricen los derechos humanos y la inversión en políticas sociales más efectivas. Es necesario un análisis profundo de las causas de la delincuencia y el desempleo, para poder desarrollar estrategias integrales que aborden estas problemáticas de forma eficiente y respetuosa de los derechos de la población joven. **Comparativa con otros países:** La suspensión del servicio militar obligatorio en países como Argentina (1994) y Perú (1999) ha demostrado que es posible mantener la seguridad nacional con un sistema voluntario, y que no es necesaria la obligatoriedad para fortalecer las fuerzas armadas. La experiencia internacional ofrece una perspectiva más amplia sobre la eficacia y los posibles efectos negativos de este tipo de medidas. **Conclusión:** La propuesta del servicio militar obligatorio para desempleados en Perú es una medida controvertida que requiere un análisis profundo y objetivo de sus posibles consecuencias. Antes de su implementación, es fundamental evaluar exhaustivamente su impacto en los derechos humanos, su eficiencia como herramienta para combatir la delincuencia y la existencia de alternativas más efectivas para abordar las causas de la inseguridad y el desempleo juvenil.