El debate sobre la reimplementación del servicio militar obligatorio en Perú ha cobrado nueva fuerza, centrándose en una propuesta particularmente controvertida: la obligatoriedad del servicio para jóvenes desempleados y sin estudios. Si bien el servicio militar obligatorio fue suspendido en 1999, la creciente inseguridad y el aumento de la delincuencia juvenil han impulsado a diversos sectores a reconsiderar esta opción como una herramienta para la reinserción social y la mejora de la seguridad pública. Dos propuestas han catalizado este debate: una impulsada por la congresista María Grimaneza Acuña Peralta (Alianza para el Progreso), que busca una reforma integral a la Ley 29248, y otra proveniente de la Municipalidad de Los Olivos, dirigida específicamente a jóvenes desempleados por más de doce meses. Ambas iniciativas, aunque con enfoques ligeramente distintos, comparten la premisa de que el servicio militar obligatorio puede ayudar a alejar a los jóvenes de la delincuencia, inculcando disciplina y valores, y ofreciéndoles una formación y posibles oportunidades laborales. Los argumentos a favor destacan la disciplina militar como un factor crucial para la formación de los jóvenes, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad social. Se argumenta que el servicio militar proporciona una estructura, un sentido de pertenencia y una formación básica, además de una remuneración, que podrían contribuir a su reinserción en la sociedad y reducir las probabilidades de involucrarse en actividades delictivas. Sin embargo, la propuesta enfrenta fuertes críticas. Diversos sectores cuestionan su efectividad, argumentando que las estadísticas indican que la delincuencia juvenil representa un porcentaje mínimo del total de delitos cometidos. Según datos oficiales, menos del 9% de los sentenciados son menores de 18 años. Critican también la posible estigmatización de los jóvenes desempleados, quienes podrían ser percibidos como potenciales delincuentes solo por su situación socioeconómica, generando una discriminación injustificada. Además, se plantean preocupaciones sobre los posibles impactos negativos en los derechos humanos de los jóvenes involucrados, la sobrecarga del sistema militar y la falta de una evaluación exhaustiva de la efectividad de esta medida en el contexto actual. La falta de inversión en programas de prevención del delito y en la creación de oportunidades laborales se presenta como un factor crucial que debería abordarse antes de considerar soluciones de mayor control social. El debate se centra en la cuestión de si el servicio militar obligatorio es una solución efectiva para problemas socioeconómicos complejos o una medida de carácter coercitivo que, además de ser ineficaz, podría generar consecuencias negativas a largo plazo. La discusión continúa en el Congreso peruano, donde los proyectos de ley deben ser analizados y debatidos por las comisiones correspondientes. El futuro del servicio militar obligatorio en Perú, especialmente su aplicación a jóvenes desempleados, sigue en suspenso, dependiendo del resultado de este complejo análisis.