El martes 3 de diciembre de 2024, el mundo observó con incredulidad como el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaraba la ley marcial, una decisión inesperada que provocó conmoción nacional e internacional. La justificación oficial, la protección del "orden constitucional democrático" contra fuerzas pronorcoreanas, fue recibida con escepticismo generalizado, con muchos acusando a Yoon de una maniobra antidemocrática para silenciar a la oposición. La decisión de Yoon, sin precedentes en más de 40 años, generó una reacción inmediata. El Parlamento, dominado por la oposición, se reunió de emergencia para rechazar la ley marcial, mientras que las calles de Seúl se llenaron de manifestantes que protestaban contra la medida. Imágenes de militares en el Parlamento, enfrentamientos con la policía y escenas de tensión se transmitieron globalmente. La oposición acusó a Yoon de utilizar la ley marcial como una herramienta para consolidar su poder, especialmente en medio de un clima político tenso, marcado por la pérdida de la mayoría en el Parlamento tras las elecciones de abril. Su gobierno ha enfrentado dificultades para aprobar legislación, viéndose obligado a vetar leyes impulsadas por la oposición y lidiando con un recorte presupuestal que limitaba su margen de maniobra. Además, la popularidad de Yoon ha caído considerablemente debido a escándalos de corrupción que involucran a la primera dama. La ley marcial, con sus implicaciones de suspensión de libertades públicas y control militar sobre el gobierno, generó un temor justificado a un retroceso democrático. Sin embargo, la medida resultó efímera. Pocas horas después de su anuncio, Yoon anunció la derogación de la ley marcial, citando la necesidad de reunir al gabinete para su formalización. Esta rápida reversión de la decisión, aunque recibió la aprobación popular, no diluyó las críticas contra el mandatario y no fue aceptada por la mayoría de la población. Las consecuencias políticas de este evento son profundas. La oposición ha pedido la renuncia o la destitución de Yoon, acusándolo de abuso de poder y poniendo en duda su idoneidad para el cargo. La confianza en el gobierno ha disminuido drásticamente, y la estabilidad política del país se encuentra cuestionada. A nivel internacional, el episodio ha generado interrogantes sobre la estabilidad democrática de Corea del Sur y su futuro. El incidente del 3 de diciembre de 2024 marca un punto de inflexión en la política surcoreana, revelando profundas divisiones y cuestionando el futuro del país. Si bien la ley marcial fue revocada rápidamente, las implicaciones de este evento seguirán resonando en el sistema político del país por mucho tiempo. El análisis de este suceso es crucial para comprender los desafíos democráticos y la polarización política que actualmente enfrenta Corea del Sur.