Las calles de Tiflis, la capital de Georgia, han sido escenario de cuatro noches consecutivas de protestas violentas, dejando un saldo de más de 200 detenidos y numerosos heridos, tanto civiles como agentes de policía. La chispa que encendió la mecha fue la decisión del gobierno georgiano, liderado por el partido Sueño Georgiano, de suspender las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea (UE). Esta decisión, tomada tras las controvertidas elecciones parlamentarias del 26 de octubre, ha desatado la ira de la oposición y una gran parte de la población georgiana.
Las elecciones, consideradas ampliamente como un referéndum sobre las aspiraciones europeas de Georgia, fueron tildadas de irregulares por la oposición y la UE. Se denunciaron casos de manipulación electoral, incluyendo sobornos, violencia y doble voto, acusaciones que el gobierno rechaza. La presidenta de Georgia, Salomé Zourabichvili, una figura prooccidental con un papel principalmente protocolario, ha acusado al partido gobernante de utilizar métodos similares a los de Rusia para reprimir la libertad de expresión y manipular el resultado electoral, incluso sugiriendo la implicación de Moscú en la manipulación.
Las protestas, que inicialmente fueron pacíficas, se tornaron violentas en las últimas noches. Manifestantes lanzaron petardos y piedras contra la policía, quienes respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua. El Ministerio del Interior informó de la detención de 224 manifestantes por cargos administrativos y tres por cargos penales. Además, 113 agentes de policía necesitaron atención médica, y tres fueron hospitalizados. La presidenta Zourabichvili denunció que muchos manifestantes sufrieron palizas sistemáticas durante el arresto y traslado a los centros de detención.
La respuesta del gobierno ha sido contundente. El primer ministro, Irakli Kobakhidze, del partido Sueño Georgiano, advirtió que cualquier violación de la ley sería respondida con todo el rigor de la ley, incluyendo a los políticos que “sacrifican a miembros de sus grupos violentos”. Sin embargo, la suspensión de las negociaciones con la UE ha sido defendida por el gobierno alegando que se oponen al “chantaje” europeo y que la integración europea de Georgia no se ha detenido. La decisión se produce horas después de que el Parlamento Europeo criticara las elecciones de octubre en Georgia como “ni libres ni justas”.
La decisión del gobierno georgiano ha generado una ola de condena internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión de su relación estratégica con Georgia, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la responsable de política exterior, Kaja Kallas, condenaron la violencia contra los manifestantes y señalaron que las acciones del gobierno van en contra de la voluntad del pueblo. La UE, que otorgó a Georgia el estatus de candidato en diciembre de 2023, ha reiterado sus serias preocupaciones por el retroceso democrático en el país.
El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, declaró que Rusia ve paralelismos entre los acontecimientos en Georgia y los de 2013 y 2014 en Ucrania, sugiriendo un intento de “Revolución Naranja”. Si bien Rusia niega cualquier interferencia en Georgia, la situación se agrava con la entrada en vigor de una nueva ley que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo, las adopciones por parejas del mismo sexo y la representación pública de relaciones LGTBQ+ en los medios de comunicación, lo que evidencia un endurecimiento del régimen y una creciente preocupación por la deriva autoritaria del gobierno georgiano.
La presidenta Zourabichvili, cuya dimisión está prevista para finales de año, se niega a dimitir antes de tiempo, argumentando que permanecerá en su puesto hasta que un parlamento “legítimo” elija a un nuevo presidente. La situación en Georgia permanece tensa, con la oposición exigiendo nuevas elecciones y el gobierno enfrentado a la condena internacional por su respuesta a las protestas y su cuestionable trayectoria democrática.
