El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encuentra en el centro de una fuerte controversia. Un plan gubernamental de modernización, aún en desarrollo, ha generado una ola de rechazo por parte de exdirectores, consejeros y expertos, quienes advierten sobre las potenciales consecuencias negativas para la institución y el sector agropecuario argentino.
Diversas cartas y declaraciones públicas denuncian que el plan, en su versión actual, implicaría un “desguace” del INTA, poniendo en riesgo su capacidad de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. Entre las preocupaciones más destacadas se encuentra la posibilidad de venta de campos experimentales, esenciales para la investigación y la producción agropecuaria. Estos espacios, estratégicamente ubicados en distintas regiones del país, son utilizados para ensayos, trabajos de investigación y actividades productivas, contribuyendo al desarrollo de nuevas técnicas y variedades adaptadas a las diversas realidades climáticas y productivas de Argentina.
El Consejo Regional Patagonia Norte-INTA, en una declaración contundente, rechaza el plan de gestión por considerar que su aplicación redundaría en una desarticulación del organismo. Señalan que el INTA, desde su creación, se ha adaptado continuamente a las demandas del sector, gracias a un trabajo conjunto entre el sector público y privado, basado en el consenso y el análisis de las particularidades regionales. El plan gubernamental, según sus críticos, carecería precisamente de este enfoque participativo y consensuado.
Otro punto de fuerte crítica se centra en la propuesta de revisar las vinculaciones internacionales del INTA, particularmente los Programas Procisur y Fontagro. Estos convenios internacionales son considerados fundamentales para la cooperación en investigación y desarrollo, y su revisión genera incertidumbre sobre el futuro de la colaboración internacional en el sector agropecuario. Asimismo, la propuesta de modificar los sistemas de información, tecnología y procesos es vista con preocupación, ya que podría afectar la eficiencia y la capacidad operativa del INTA.
Los consejos regionales de Patagonia Sur y Entre Ríos también han expresado su preocupación, destacando la importancia del INTA para el desarrollo regional y la necesidad de un proceso de reestructuración responsable y participativo. En una carta firmada por 29 exdirectores de todo el país, se advierte sobre la falta de garantías de que el INTA se consolide como una política de Estado, independiente de intereses sectoriales.
La carta de los exdirectores destaca la histórica vulnerabilidad del INTA frente a cambios de gobierno, con oscilaciones entre la amenaza de privatización y la cooptación de su identidad. Señalan la preocupante reducción del presupuesto, personal y las modificaciones estructurales propuestas, que ponen en riesgo su capacidad para contribuir al desarrollo nacional. Se enfatiza la invaluable contribución del INTA en áreas clave como la genética, el mejoramiento vegetal y animal, la sustentabilidad de los sistemas productivos, la salud animal y vegetal, y la extensión rural, incluyendo programas de gran impacto social como Pro-Huerta y Cambio Rural.
Carlos Milicevic, exintegrante del INTA y exrepresentante de Coninagro, expresa su preocupación por la falta de propuestas concretas de mejora institucional y la ausencia de nuevas estrategias científico-tecnológicas en los documentos oficiales. Si bien reconoce la necesidad de modernización, considera que las propuestas actuales apuntan al achicamiento y la venta de activos, en lugar de fortalecer la institución.
En conclusión, el rechazo al plan del Gobierno para el INTA es unánime entre importantes sectores del ámbito agropecuario y científico. La preocupación gira en torno a la potencial pérdida de capacidades estratégicas, la falta de participación y consenso en la toma de decisiones, y el riesgo de que el INTA pierda su rol como institución clave para el desarrollo del sector agropecuario argentino.
