La justicia brasileña ha emitido un fallo trascendental que sacude las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en Argentina. En un documento de 120 páginas, se declaró "con carácter definitivo" la imposibilidad de utilizar las declaraciones de arrepentidos y pruebas obtenidas en Brasil para tres expedientes relacionados con coimas en obras públicas. Esta decisión anula información crucial solicitada por los tribunales argentinos, incluyendo testimonios y datos extraídos de los sistemas informáticos “My Web Day” y “Drousys” de Odebrecht. Esta resolución representa un duro golpe para las investigaciones argentinas sobre la constructora brasileña, especialmente en el caso de las plantas potabilizadoras de AySA. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), a cargo del juicio oral, se verá afectado directamente al no poder utilizar la evidencia proveniente de Brasil. Entre los acusados en este caso se encuentran figuras clave del kirchnerismo como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, además del lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez, implicado en la gestión de supuestos sobornos para la reactivación de las obras de AySA tras la muerte de Néstor Kirchner. La decisión brasileña se basa en la anulación previa de una gran cantidad de pruebas del caso Lava Jato, la mega investigación que destapó el entramado de corrupción de Odebrecht. La Procuración General de Brasil argumentó que la información solicitada por Argentina está intrínsecamente ligada a las pruebas declaradas “inservibles” por el Supremo Tribunal Federal de ese país, incluyendo los datos de los sistemas informáticos mencionados y las declaraciones de los arrepentidos Luiz Antonio Mameri y Márcio Faria da Silva. El lobbista "Corcho" Rodríguez había apelado previamente ante la justicia brasileña, logrando la prohibición del uso judicial de estas pruebas en territorio brasileño. Sus argumentos se centraban en la posible manipulación de las pruebas y la falta de cadena de custodia. La justicia brasileña también cuestionó la legalidad de la obtención de datos de los sistemas de Odebrecht, que almacenaban información en Estados Unidos, fuera del alcance de la legislación brasileña. MyWebDay se usaba para controlar pagos ilícitos, mientras que Drousys era un sistema de comunicación confidencial para el "Departamento de Operaciones Estructuradas", la oficina de sobornos de Odebrecht. El impacto de este fallo se extiende a otras dos causas en Argentina relacionadas con Odebrecht: la ampliación de gasoductos y la obra del Soterramiento del Tren Sarmiento. En total, las investigaciones argentinas sobre Odebrecht abarcaban una presunta ruta de 36 millones de dólares en sobornos hasta 2015, una pequeña parte de los más de 700 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado en otros países. La falta de estas pruebas clave podría comprometer significativamente la acusación en los juicios pendientes, generando incertidumbre sobre el futuro de estas importantes investigaciones de corrupción.