La reciente entrevista de Mariana Enríquez en el programa 'La Cruda' con Migue Granados desató una polémica que trascendió los círculos literarios. La reconocida escritora argentina arremetió contra un grupo de diputados de La Libertad Avanza, entre ellos Lourdes Arrieta, por haberse fotografiado con presos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Enríquez expresó su profunda decepción y calificó la situación como "depresión nacional", manifestando una fuerte crítica a la banalización de la memoria histórica y a la falta de sensibilidad política que, según ella, demuestran estas acciones. La declaración de Arrieta, quien argumentó su desconocimiento de los hechos por haber nacido después de la dictadura, fue el centro de la crítica de Enríquez. La escritora, lejos de excusar la ignorancia, la consideró una muestra de la superficialidad con la que algunos sectores abordan un tema tan delicado. Enríquez trazó una clara línea entre la comprensión del pasado a través de la ficción —como lo hace en sus obras— y la justificación o el menosprecio de crímenes reales cometidos con violencia extrema. El impacto de las declaraciones de Enríquez ha desatado un intenso debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Mientras algunos defienden el derecho a la libertad de expresión y cuestionan la reacción de la escritora, otros la apoyan, resaltando la importancia de mantener viva la memoria de la dictadura y condenando cualquier intento de minimizar o relativizar su gravedad. En este contexto, se ha vuelto a poner en discusión el papel de la política en la construcción de la memoria colectiva y la necesidad de una educación que promueva el conocimiento profundo de la historia argentina, especialmente de los períodos más oscuros. La crítica de Enríquez se enmarca en un contexto político complejo en Argentina, donde la polarización y la confrontación ideológica parecen haber alcanzado niveles extremos. La irrupción de La Libertad Avanza en el escenario político ha exacerbado estas tensiones, colocando en el centro de la escena temas cruciales como los derechos humanos y la memoria de la dictadura. La postura de Enríquez, lejos de ser una simple crítica personal, se inscribe en un debate más amplio sobre la memoria, la justicia y la responsabilidad política en una sociedad que aún lucha con las secuelas del pasado. Más allá del debate político, la postura de Enríquez resalta la importancia de la responsabilidad individual y colectiva a la hora de confrontar con el pasado. Su crítica no solo apunta a los diputados fotografiados con los genocidas, sino a una cultura política que, en su opinión, minimiza la gravedad de los crímenes de lesa humanidad y que, incluso, parece permitir que estos se repitan en nuevas formas. El análisis de la situación requiere una profunda reflexión. ¿Es la ignorancia una excusa válida en este contexto? ¿Cómo se construye una memoria colectiva que promueva la justicia y la reconciliación? ¿Qué rol deben cumplir los políticos en la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica? Estas son algunas de las preguntas que este debate, generado por las declaraciones de Mariana Enríquez, nos deja para reflexionar.