El 19 de noviembre de 2024, la noticia sacudió a Argentina: Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, fue detenido. Condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado perpetua por peculado y negociaciones incompatibles con el cargo, su arresto se produjo tras la orden de prisión preventiva dictada por la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos. Si bien la condena aún no es firme –Urribarri puede apelar ante la Corte Suprema–, la justicia provincial argumentó el peligro de fuga y la posibilidad de obstrucción a la justicia, dadas sus influencias y recursos económicos. La causa que llevó a la detención de Urribarri se centra en el desvío ilegal de fondos públicos destinados a financiar sus campañas electorales. El caso, investigado por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche (posteriormente removida de su cargo, pero cuyo caso está en revisión por la Corte Suprema), presentó evidencia contundente de maniobras fraudulentas, incluyendo contratos de imprenta y publicidad sospechosos, el uso de testaferros y la utilización del aparato estatal para beneficio personal. La investigación se extendió durante años, revelando un esquema de corrupción que operó durante los ocho años que Urribarri estuvo en el poder. El fallo de la Casación remarcó la gravedad de las acciones de Urribarri, calificando la prueba recopilada como de “un volumen y contenido incriminador pocas veces visto en este tipo de hechos”. Incluso se mencionó un hallazgo casi cinematográfico: un disco extraíble con información crucial que apareció colgando de una canaleta en la casa de un familiar. La detención de Urribarri no se limita a él mismo. También se ordenó la captura de Juan Pablo Aguilera, exfuncionario legislativo y cuñado de Urribarri, también condenado a seis años de prisión por su participación en el esquema de corrupción. La decisión de la Cámara de Casación ha generado un intenso debate. Mientras el gobierno provincial celebra lo que considera un triunfo contra la corrupción, la defensa de Urribarri ha anunciado recursos legales para intentar revertir la prisión preventiva. El exgobernador argumenta que la medida es una persecución política y que se le ha vulnerado el derecho a la defensa. La incertidumbre persiste mientras se espera la decisión de la Corte Suprema sobre la condena, y sobre la propia prisión preventiva que se le aplica. Este caso trasciende las fronteras de Entre Ríos, representando un hito importante en la lucha contra la corrupción en Argentina. La decisión judicial, sin importar su resultado final, establece un precedente y refleja la importancia de seguir investigando y procesando a funcionarios corruptos, independientemente de su poder o influencia. El futuro judicial de Urribarri permanece incierto. Mientras tanto, su detención resalta la complejidad del sistema judicial argentino y la tenacidad necesaria para combatir la impunidad de la corrupción.