El gobierno argentino ha dado un paso crucial hacia la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. (Bcylsa), una empresa estatal fundamental para el transporte de mercaderías, principalmente del sector agropecuario. Esta decisión se basa en la Ley de Bases, que contempla la privatización de varias empresas públicas, entre ellas Bcylsa.
Creada en 2013, Bcylsa agrupa las líneas de transporte de cargas Belgrano, San Martín y General Urquiza, abarcando 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias. El transporte de granos para exportación es una de las actividades principales de la empresa.
El titular de la Agencia de Transformación de Empresas, Diego Chaher, ha detallado el proceso de privatización. Se implementarán siete procesos de concesión diferenciados para cada una de las tres líneas: una concesión por la vía, con derecho a cobro de peaje y traspaso de empleados; dos concesiones de locomotoras, incluyendo conductores; y dos concesiones de vagones y talleres, con sus empleados asociados.
Este modelo, según el gobierno, busca incentivar la competencia y triplicar el volumen de carga transportada, gracias a un aumento en la cantidad de trenes y sus frecuencias. El gobierno garantiza que las tierras y las vías seguirán siendo propiedad del Estado, pero Belgrano Cargas, como la conocemos, dejará de existir.
El gobierno justifica la privatización alegando un déficit de USD 112 millones en 2023 y un sistema ferroviario de cargas obsoleto. El 60% del transporte de cargas está relacionado con la producción agrícola, que se ha multiplicado por cinco en los últimos años. Se espera que la privatización incremente la competitividad, transparencia y eficiencia de la empresa.
La privatización de Bcylsa ha generado debate. Algunos sectores apoyan la medida por la posibilidad de mejorar la eficiencia y la infraestructura del transporte de cargas. Otros critican la privatización por el riesgo de pérdida de control del Estado sobre un sector estratégico y la posible reducción de puestos de trabajo.
Este proceso de privatización es una de las medidas más controvertidas del gobierno actual. Su impacto a largo plazo en el transporte de cargas y en el sector agropecuario aún está por verse.
