La decisión del gobierno de avanzar con la privatización de Belgrano Cargas ha generado un debate intenso. Si bien el gobierno argumenta que la empresa presenta una estructura ineficiente y sobredimensionada, la medida ha sido criticada por sectores que la consideran una señal de desmantelamiento del sistema ferroviario estatal.

Para comprender mejor el contexto de la decisión, es fundamental analizar los números detrás de Belgrano Cargas. La empresa, creada en 2013, ha experimentado un crecimiento considerable en su planta de personal, llegando a contar con 4.429 empleados. Durante la gestión de Alberto Fernández, se incorporaron más de 100 trabajadores por año, lo que llevó a que el gobierno de Javier Milei la considere “sobredimensionada” y con una “estructura jerárquica elevada, no acorde a sus funciones”.

Si bien la empresa registró un resultado financiero positivo en el primer semestre de 2024, este dato se explica en gran medida por las transferencias recibidas del gobierno, que ascendieron a $37.030 millones. La empresa ha dependido históricamente del subsidio estatal, lo que ha generado una controversia sobre su viabilidad económica a largo plazo.

La eventual privatización ha sido recibida con cautela por los sindicatos ferroviarios. Si bien la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, ha manifestado su apoyo a la medida, ha exigido la absorción de toda la planta de personal por parte del futuro concesionario. Sasia también ha negociado con el gobierno la reducción de costos y personal en la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), lo que ha generado una fractura en su alianza con los Moyano.

La decisión de privatizar Belgrano Cargas es un reflejo de las políticas liberales del gobierno de Javier Milei, que buscan reducir la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, la medida también plantea desafíos importantes, como la necesidad de garantizar la seguridad laboral de los empleados y la calidad del servicio.

En este contexto, es crucial que se lleve adelante un proceso transparente y participativo, que asegure la sostenibilidad del sistema ferroviario y la protección de los derechos de los trabajadores.