Siguiendo los pasos de San Juan, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de tecnologías destinadas a alterar el clima, con el fin de proteger a los productores agrícolas y el ambiente. La iniciativa, que ahora será debatida en el Senado provincial, busca frenar las actividades que impactan el ciclo natural de lluvias en la región.

Tal como ocurrió en mayo de este año en San Juan, hace unos días la Cámara de Diputados de San Luis dio un paso importante en la protección del ambiente y el sector agrícola al aprobar por amplia mayoría un proyecto de ley que prohíbe el uso de tecnologías para la modificación artificial del clima. La medida, que apunta principalmente a la detención de las actividades de los conocidos “aviones rompetormentas”, responde a los reclamos de pequeños productores y vecinos de zonas afectadas por la sequía, preocupados por el impacto que estas prácticas tienen en la disminución de las lluvias en la provincia cuyana.

El proyecto de ley, aprobado con 36 votos afirmativos, contó con el apoyo de todos los espacios políticos presentes en el recinto, reflejando un consenso generalizado en torno a la problemática. El diputado Javier Giménez, del interbloque Cambia San Luis, señaló en medios locales que la utilización de aviones para la modificación del clima “no es un mito”. Además, destacó que en la provincia de San Juan ya existe una legislación similar que prohíbe estas actividades.

La prohibición y su alcance

La ley de San Luis, como la de San Juan, establece en su Artículo 1, la prohibición del uso de “cualquier técnica, actividad, mecanismo, sistema y/o tecnología destinada a alterar y/o modificar artificialmente la fase atmosférica del ciclo hidrológico en las etapas de condensación o precipitación, sobre nuestro territorio, y/o provocar cambio artificial del clima”. E instituye como la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la misma a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Luis, quien además tendrá la tarea de establecer las sanciones correspondientes una vez que la norma sea sancionada y reglamentada. Esto significa que cualquier infracción relacionada con el uso de tecnologías que alteren el clima, será severamente penalizada.

Origen del proyecto

El proyecto de ley surge a partir de la preocupación de vecinos y campesinos rurales, quienes aportaron documentación y pruebas contundentes sobre la existencia y el uso de tecnologías para modificar el clima, lo que generó el debate necesario para la elaboración de la ley.

“Los vecinos trajeron una documentación muy extensa sobre el tema, y mostraron con pruebas contundentes los métodos y los mecanismos que algunos usan para modificar el clima, lo cual ha generado graves consecuencias para el medio ambiente y la producción agrícola. Luego se iniciaron una serie de conversaciones sobre el tema y se elaboró este proyecto”, explicó Giménez.

Siguiente etapa: el Senado provincial

Tras recibir media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá ser tratado en la Cámara de Senadores de San Luis, el órgano legislativo que representa a los nueve departamentos de la provincia: Ayacucho, Belgrano, Chacabuco, Coronel Pringles, General Pedernera, Gobernador Dupuy, Juan Martín de Pueyrredón, Junín y Libertador General San Martín. Con una composición de nueve bancas, una por cada departamento, la Cámara Alta provincial tendrá la responsabilidad de dar el visto bueno final a la ley.

Si bien aún se desconoce la postura definitiva de los senadores, los antecedentes de apoyo unánime en Diputados generan expectativas de que el proyecto de ley prospere sin mayores obstáculos. En San Juan, la ley que prohibía este tipo de prácticas fue aprobada en diciembre del año pasado, aunque aún se encuentra en proceso de reglamentación de la ley que suspendía por 30 meses este tipo de prácticas que buscan alterar el clima (Ley 2648-L/2024).

Lucha por la sequía en la región

La iniciativa de San Luis se suma a la lucha mancomunada que están llevando adelante desde diciembre del año pasado campesinos y pequeños productores agrícolas de la región centro-oeste de Argentina (San Luis, La Rioja, Córdoba, Mendoza y San Juan), con el fin de mitigar los efectos de la sequía y frenar las actividades que están impactando el ciclo natural de lluvias en la región.

Anteriormente, las miradas se enfocaron en San Juan; ahora, toda la atención está puesta en el Senado de San Luis, donde la iniciativa será debatida y, de ser aprobada, se convertirá en ley. Mientras tanto, los productores y vecinos afectados de las cinco provincias mantienen la esperanza de que la medida se extienda también a las restantes (Córdoba y Mendoza).