En un contexto de creciente tensión por la defensa de la educación pública, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha confirmado su participación en el paro nacional y la Marcha Federal Universitaria. Esta movilización, programada para el próximo miércoles 2 de octubre, busca expresar el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la cual busca actualizar el presupuesto destinado a las universidades, que se encuentra un 76% por debajo del promedio de la última década según datos del INDEC y el REM.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, ha destacado la importancia de la jornada: “Esta debe ser una jornada nacional de protesta que permita fortalecer los reclamos de los trabajadores y estudiantes, pero también que los trascienda y que la masividad nos permita poner a la educación pública y gratuita en lo más alto de la pirámide de derechos de nuestro pueblo”.

El paro nacional no se limitará únicamente a las universidades. Se espera un cese de actividades con retiro de los lugares de trabajo en ministerios y organismos estatales a nivel nacional, provincial y municipal. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajadores se unirán a la movilización que se dirigirá hacia el Congreso de la Nación a partir de las 14:00 horas.

Aguiar ha realizado un llamado a la unidad: “Tiene que ser un día que sirva para unificar todas las luchas, también para rechazar los despidos y el ajuste en el Estado, los haberes de miseria de los jubilados y la pobreza extrema que sufre más de la mitad del país”.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Senado con una amplia mayoría, busca atender los desafíos económicos que enfrenta la educación superior en Argentina. Con el apoyo de ATE y diversas organizaciones, la Marcha Federal Universitaria se presenta como una expresión unificada en defensa de la educación pública y el derecho a un futuro mejor para todos los estudiantes y trabajadores del país.

La movilización principal tendrá lugar frente al Congreso de la Nación, aunque se llevarán a cabo actos en todo el país. Se espera que miles de personas se unan en defensa de los derechos educativos y la autonomía universitaria, levantando consignas en contra de los recortes presupuestarios, la privatización de servicios y la eliminación de programas de becas, elementos clave para garantizar el acceso a una educación de calidad en Argentina.

La Ley de Financiamiento Universitario, presentada por la Unión Cívica Radical, propone un mecanismo de actualización bimestral para los gastos de funcionamiento, combinando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en un 50%, la variación del tipo de cambio en un 25% y la variación de tarifas de servicios públicos en otro 25%. La normativa también plantea modificar el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución presupuestaria y el control de gastos.

Ante la situación de emergencia en el ámbito universitario, el proyecto autoriza al Gobierno a realizar la actualización de las partidas presupuestarias de las universidades a partir del 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023.

El Gobierno tiene plazo hasta el 3 de octubre para publicar el veto en el Boletín Oficial, cumpliendo con el plazo de diez días hábiles desde que la norma fue enviada del Senado a la Secretaría Legal y Técnica. Tanto los funcionarios como el Presidente han adelantado su oposición a la ley, lo que obligará al Congreso a ratificar esta decisión.