En medio del proceso de elección de un nuevo fiscal general de la Nación en Colombia, uno de los nombres propuestos por el presidente Iván Duque comienza a recibir críticas y perder méritos. Se trata de un aspirante cuyas actuaciones en el caso Odebrecht y sus vínculos con el exfiscal Néstor Humberto Martínez están generando dudas y controversia en diversos sectores de la sociedad. El caso Odebrecht ha sido uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia de América Latina. La empresa brasileña ha reconocido haber pagado sobornos millonarios a funcionarios y políticos de varios países, incluido Colombia. Como fiscal general de la Nación en ese momento, Néstor Humberto Martínez tuvo un papel clave en las investigaciones del caso. Ahora, se han revelado una serie de evidencias que vinculan al aspirante a fiscal general con el caso Odebrecht. Esto ha generado preocupación entre aquellos que esperan un proceso de elección transparente y libre de conflictos de intereses. Las acusaciones en su contra se centran en su presunta participación en actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht. Además, se ha cuestionado su relación cercana con Néstor Humberto Martínez, quien también ha sido objeto de críticas por su manejo del caso. Ante estas acusaciones, es necesario que el proceso de selección del fiscal general de la Nación sea transparente y que se evalúen adecuadamente las actuaciones y vínculos de los candidatos. La sociedad colombiana exige una justicia imparcial y libre de influencias políticas. Es fundamental que el próximo fiscal general de la Nación tenga la capacidad de investigar y castigar la corrupción de forma eficiente y efectiva. Las actuaciones pasadas y los vínculos con personajes cuestionados no deberían ser pasados por alto en este proceso de selección. La ciudadanía espera que se elija a un fiscal general comprometido con la justicia y capaz de llevar a cabo investigaciones independientes, sin que existan conflictos de intereses o sospechas de corrupción. Es responsabilidad de las autoridades asegurar que el proceso de elección sea transparente y que se elija al candidato que mejor represente los intereses de la sociedad.