La Cancillería colombiana ha expresado su preocupación por la limitación de algunas libertades en Centroamérica, específicamente en relación a la Universidad Centroamericana (UCA). Según el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el régimen centroamericano ha confiscado bienes de la UCA, lo que constituye una clara violación de la libertad religiosa, de cátedra y de expresión. La confiscación de bienes a una institución educativa de renombre como la UCA es un acto alarmante y preocupante. Esto demuestra una clara intención de limitar la libertad académica y de coartar la libertad de expresión en Centroamérica. Además, esta medida afecta directamente a la comunidad estudiantil y a los profesores de la universidad, quienes ven amenazados sus derechos fundamentales. La libertad religiosa, de cátedra y de expresión son derechos fundamentales que deben ser respetados en cualquier sociedad democrática. El régimen centroamericano, al limitar estas libertades, pone en peligro la democracia y el acceso a la educación de calidad en la región. Es necesario recordar que la libertad académica es esencial para la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con el desarrollo de sus sociedades. La Universidad Centroamericana es una de las instituciones educativas más reconocidas de la región, y su confiscación es un golpe no solo a la educación, sino también a la libertad de pensamiento y expresión. La comunidad internacional debe prestar atención a esta situación y respaldar a la Universidad Centroamericana en su lucha por recuperar sus bienes y mantener su autonomía. Asimismo, es crucial que se denuncien estas acciones ante los organismos internacionales de derechos humanos, para que se tomen medidas y se garantice el respeto a las libertades fundamentales en Centroamérica. En conclusión, la limitación de la libertad religiosa, de cátedra y de expresión por confiscación a la Universidad Centroamericana es un hecho preocupante que evidencia una clara violación de los derechos fundamentales en Centroamérica. Es responsabilidad de la comunidad internacional denunciar estas acciones y apoyar a la UCA en su lucha por recuperar su autonomía y promover la libertad académica en la región.