En un reciente pronunciamiento, el juez supremo Javier Arévalo brindó su apoyo y respaldo a la resolución de la magistrada Nathaly Acosta, quien dictaminó comparecencia restringida para 18 imputados en un caso de gran relevancia. Esta medida ha generado controversia y ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, que cuestionan la decisión de no imponer prisión preventiva. La jueza Acosta, basándose en las pruebas presentadas y en la normativa vigente, consideró que la comparecencia restringida era suficiente para garantizar la presencia de los imputados en el proceso judicial, así como para evitar la obstrucción de la investigación. Este enfoque, respaldado por el juez Javier Arévalo, busca equilibrar los derechos de los imputados con los intereses de la justicia. Sin embargo, es importante señalar que esta medida ha generado críticas y debates intensos en el ámbito político y social. Algunos argumentan que la falta de prisión preventiva podría poner en riesgo la objetividad del proceso judicial y dificultar la obtención de pruebas contundentes. Otros, por su parte, respaldan la decisión de la jueza Acosta, considerando que es una muestra de respeto hacia los derechos individuales y un correcto equilibrio en el sistema penal. La polémica en torno a esta medida resalta la importancia de un sistema judicial independiente y de la capacidad de los jueces para tomar decisiones fundamentadas en base a las pruebas y el marco legal vigente. Es fundamental garantizar la imparcialidad y la transparencia en cada proceso judicial, para fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de justicia. En conclusión, el respaldo del juez supremo Javier Arévalo a la decisión de la jueza Nathaly Acosta de ordenar comparecencia restringida y desestimar el pedido de prisión preventiva para los 18 imputados debe ser analizado desde diferentes perspectivas. Si bien ha generado controversia, es importante resaltar la importancia de un sistema judicial independiente y el respeto a los derechos individuales, buscando siempre un equilibrio entre los intereses de la justicia y la protección de los imputados.