Denuncian Ilegalidad en Proyectos Aprobados por Bosch y Liberman

Un informe del The Outlaw Ocean Project, publicado en la revista Time, ha generado un debate sobre la legalidad de proyectos pesqueros de calamar aprobados en Argentina. La investigación apunta a una empresa local vinculada a la estatal China National Fisheries Corporation (CNFC), que fue protagonista de un episodio de pesca ilegal en aguas argentinas en 2016.

El informe detalla cómo la CNFC, a través de la compra o arrendamiento de barcos en el extranjero, ha logrado avanzar en la pesca mundial. Argentina, con 64 barcos, se ubica como una de las naciones con mayor número de embarcaciones chinas, después de Ghana (70). La investigación expone situaciones que se han normalizado en la industria pesquera, pero que son ilegales o, al menos, inmorales.

El artículo de Time se centra en un incidente específico: la pesca ilegal del buque Lu Yan Yuan Yu 10, propiedad de la CNFC, en aguas argentinas. Tras una persecución por parte de la Prefectura Naval Argentina, el barco fue hundido. Aunque el episodio fue inusual, no lo fue la presencia de barcos chinos en aguas internacionales, donde operan sin reglas, sin declarar sus capturas y, en muchas ocasiones, de forma ilegal.

El informe destaca la complicidad del gobierno de Mauricio Macri con el gobierno chino, en la liberación de la tripulación del Lu Yan Yuan Yu 10 y en la posterior aprobación de dos proyectos pesqueros para barcos de la misma empresa. Estos proyectos fueron aprobados por el Consejo Federal Pesquero, bajo la gestión de Juan Manuel Bosch como subsecretario de Pesca.

Los dos barcos en cuestión, el Esther y el Madre Inmaculada, fueron presentados como pertenecientes a una empresa local, ARPEPA (luego Illex Fishing SA), pero la investigación de The Outlaw Ocean Project revela que la casa matriz era la CNFC, la misma que había pescado ilegalmente en aguas argentinas. La aprobación de estos proyectos fue posible a pesar de la normativa que exige que las empresas declaran bajo juramento no tener relación con barcos que hayan pescado ilegalmente en aguas argentinas.

Tres años después, bajo la gestión de Carlos Liberman como subsecretario de Pesca, los proyectos fueron revisados y aprobados nuevamente, esta vez con una vigencia de ocho años. Ambas aprobaciones, tanto la de Bosch como la de Liberman, ignoraron la vinculación de la empresa local con la CNFC, violando la normativa vigente.

El informe de The Outlaw Ocean Project pone en el centro de la discusión la responsabilidad de los gobiernos argentinos, tanto de Macri como de Fernández, en la proliferación de la pesca ilegal de origen chino en aguas argentinas. Se cuestiona la complicidad de las autoridades para permitir el avance de la CNFC en la industria pesquera argentina.

Ante estos hechos, se exige la revisión de los proyectos pesqueros del Esther y el Madre Inmaculada. Se espera que el actual subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, tome medidas para esclarecer la situación y garantizar la legalidad de las operaciones pesqueras en Argentina.