En medio de un escándalo mediático, el ex presidente Alberto Fernández presentó una medida cautelar en el fuero civil y comercial federal para solicitar a la Justicia que prohíba la difusión de fotos y videos íntimos en los medios y en las redes sociales. El pedido se basa en la supuesta publicación de imágenes que le serían atribuidas, las cuales Fernández asegura son falsas y maliciosas.

En su demanda, el ex mandatario expresa que estas publicaciones buscan afectar la "estabilidad familiar y salud psicofísica de mis hijos". La solicitud se dirige contra el Ente Regulador de las Telecomunicaciones (Enacom) y las empresas Google, Facebook y X, con el argumento de que existe "una flagrante amenaza de difundir supuestas imágenes o supuestos videos que tienen como única finalidad ofender, agredir, vulnerar, menoscabar y afectar" su "nombre, honor, imagen, intimidad y/o integridad".

Fernández también se refirió a las versiones sobre la "existencia y circulación de videos" que lo muestran "con mujeres en situaciones incómodas", calificándolos como intentos de generar un daño a su "privacidad y reputación familiar". En este contexto, solicitó un "cese de difusión" de imágenes y videos, tanto los ya publicados como los que pudieren aparecer, así como de "cualquier contenido" relacionado con él o su familia.

La presentación incluye el pedido de eliminar de redes sociales y medios los "videos o referencias a los mismos" y que se realicen las "medidas necesarias" para "evitar la propagación de material personal no autorizado".

Fernández sostiene que está en juego la "ética de los medios de comunicación social" y los "derechos personalísimos" de sus hijos, quienes, según él, sufren "ataques, injurias y amenazas".

Este caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de prensa y la protección de la vida privada. La Justicia deberá determinar si procede la solicitud de Fernández y qué medidas se implementarán para garantizar el derecho a la intimidad sin afectar la libertad de expresión.