Andorra quiere cobrar a los vehículos extranjeros que circulen por sus carreteras

El gobierno de Andorra planea implementar una tasa en forma de viñeta para los vehículos extranjeros que circulen por sus carreteras, con el objetivo de reducir la masificación turística y proteger su entorno.

El Principado recibió 9,3 millones de visitantes el año pasado, lo que ha llevado a la conclusión de que está llegando al límite de su capacidad. Andorra cerró el 2023 con 85.330 habitantes y la densidad de población media es de 181 personas por kilómetro cuadrado, cifras que aumentan cada año en un territorio que tiene 12 kilómetros de punta a punta.

La medida se enmarca en un proyecto de ley para el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda aprobado a finales de julio. Esta ley también permitirá la expropiación temporal de pisos vacíos y prohibirá la obtención de nuevas licencias de vivienda de uso turístico.

El precio de la viñeta variará según la época del año, concretamente en función de si la temporada turística es alta o baja. Todavía no se ha decidido si se establecerá un importe por un periodo específico (una semana, un mes o un año) o un pago por cada uno de los viajes que se realicen.

El gobierno ha anunciado que consensuará los detalles con el sector turístico y el del comercio, los principales damnificados por el impuesto. Sin embargo, ya se ha confirmado que la tasa se aplicará a "todos los vehículos extranjeros", sin excepción alguna, incluyendo a los 1.500 trabajadores transfronterizos que viven en España, así como a los habitantes del Pirineo que van al Principado por cuestiones médicas.

El ministro de Turismo, Jordi Torres, ha aclarado que todavía hay margen para especificidades. Lo que sí que está claro es que no habrá distinción entre los turistas que acceden en un vehículo particular para pasar el día y los que pernoctan en establecimientos hoteleros del país.

Esta medida ha generado controversia, con algunas voces que argumentan que podría afectar negativamente al turismo y la economía de Andorra. Otros consideran que es necesario para proteger el entorno y la calidad de vida del Principado.

Queda por ver cómo se implementará finalmente la medida y cuál será su impacto en el turismo y la economía de Andorra.