En un intento por mitigar el impacto de la devaluación en la economía del país, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria ha anunciado un acuerdo de congelamiento de precios de combustibles hasta el 31 de octubre. Esta medida busca brindar alivio a los consumidores y estabilizar el mercado de combustibles. La devaluación de la moneda ha generado un aumento significativo en los precios de los combustibles, lo que afecta directamente a los bolsillos de los ciudadanos. Ante esta situación, el ministro de Economía ha decidido tomar medidas para evitar que esta crisis recaiga sobre los trabajadores y la clase media. El congelamiento de precios de combustibles es una medida temporal, que busca frenar el aumento desmedido de los precios y darle un respiro a los argentinos. Esta medida se suma a otras acciones que ha tomado el gobierno para paliar los efectos de la devaluación, como la reducción de impuestos y el aumento de los sueldos. El sector petrolero ha mostrado su preocupación por esta medida, argumentando que el congelamiento de precios podría afectar su rentabilidad y frenar la inversión en el sector. Sin embargo, el gobierno asegura que esta medida es necesaria para contener la inflación y proteger a los consumidores. El ministro de Economía ha destacado que el congelamiento de precios de combustibles no afectará la calidad ni la cantidad de los productos, y que los consumidores podrán seguir accediendo a combustibles de buena calidad a precios accesibles. El anuncio del congelamiento de precios de combustibles ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores aplauden esta medida como una forma de protección al bolsillo de los argentinos, otros temen que pueda generar distorsiones en el mercado y afectar la competitividad del sector petrolero. En conclusión, el acuerdo de congelamiento de precios de combustibles hasta el 31 de octubre es una medida temporaria que busca contener el impacto de la devaluación en la economía. Si bien genera opiniones encontradas, el gobierno considera que es un paso necesario para proteger a los consumidores y estabilizar la economía del país.