En un comunicado oficial, el ente acusador informó que ha decidido realizar los trámites correspondientes para que el caso en cuestión sea asumido por un fiscal de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Esta medida se toma en consideración del fuero constitucional que ahora posee la mencionada delegada. La decisión de trasladar el caso a otro fiscal se motiva en la importancia y complejidad del mismo, teniendo en cuenta los hechos y las personas involucradas. De esta manera, se busca asegurar la imparcialidad del proceso y garantizar que se realice una investigación exhaustiva y justa. El ente acusador se ha comprometido a llevar a cabo los trámites pertinentes de la forma más rápida y eficiente posible, para evitar dilaciones innecesarias. Además, se ha comunicado que se brindará el apoyo necesario al nuevo fiscal designado, a fin de garantizar que cuente con todos los recursos y herramientas necesarios para llevar adelante la investigación de manera efectiva. En cuanto al fuero constitucional que ostenta ahora la delegada, esto implica que goza de ciertos privilegios y protecciones legales, que le otorgan una mayor independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, esto no exime a la delegada de la obligación de cumplir con su deber de impartir justicia de manera imparcial y objetiva, salvaguardando los derechos de todas las partes involucradas. En conclusión, el ente acusador ha tomado la decisión de trasladar el caso a un fiscal de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de garantizar la imparcialidad del proceso y llevar adelante una investigación exhaustiva. Esta medida se toma en consideración del fuero constitucional que ahora posee la delegada. Se espera que los trámites necesarios se realicen de manera ágil y eficiente, para poder avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia correspondiente.