Diversos miembros de la oposición y críticos del Gobierno nacional han expresado su descontento y rechazo ante la posibilidad de que la exjefa de gabinete vuelva a ocupar una posición de poder mientras se encuentra bajo proceso judicial. La exfuncionaria está siendo investigada por presuntos actos de corrupción, lo que ha generado gran controversia y debate público. Los críticos argumentan que sería inapropiado permitir el regreso de la exjefa de gabinete antes de que se resuelva su situación legal. Consideran que su presencia en un cargo público podría interferir en el proceso judicial y dificultar la búsqueda de justicia. Por otro lado, los defensores del Gobierno sostienen que la exfuncionaria tiene el derecho de volver a ocupar un cargo y que su inocencia debe ser respetada hasta que se demuestre lo contrario. Aseguran que su participación en la gestión pública sería beneficiosa y que no se deben basar en acusaciones sin pruebas para evitar su regreso. Sin embargo, la opinión general de la oposición y de los críticos del Gobierno es que la exjefa de gabinete debería esperar a que se resuelva su situación judicial antes de considerar su regreso. Consideran que su presencia en un puesto de poder mientras está siendo investigada podría generar conflictos de interés y poner en entredicho la transparencia del Gobierno. En conclusión, miembros de la oposición y críticos del Gobierno nacional rechazan la idea de que la exjefa de gabinete vuelva a ocupar un cargo mientras no se resuelva el proceso judicial en su contra. Argumentan que su regreso sería inapropiado e interferiría en la búsqueda de justicia. El debate continúa y solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de esta polémica situación.