La Fiscalía General de la Nación ha anunciado que solicitará prisión preventiva en un establecimiento carcelario para los agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) que presuntamente estarían implicados en las interceptaciones ilegales realizadas contra la exniñera de la actual directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y otras tres personas. Según las investigaciones, los agentes realizaron estas interceptaciones sin contar con las debidas órdenes judiciales, violando así la privacidad y los derechos fundamentales de las personas afectadas. La exniñera denunció que fue víctima de amenazas y seguimientos, y posteriormente se descubrió que se habían realizado escuchas y grabaciones de sus conversaciones telefónicas. Además, se encontraron pruebas de que otras tres personas también habían sido objeto de interceptaciones ilegales por parte de los mismos agentes de la Dijín. Ante estos hallazgos, la Fiscalía considera que los agentes involucrados representan un peligro para la sociedad y solicitará que sean privados de su libertad mientras se adelanta la investigación correspondiente. La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario busca garantizar que no puedan interferir en el proceso ni poner en riesgo la integridad de los afectados. El caso ha generado gran indignación y preocupación, ya que pone en evidencia posibles abusos de poder por parte de los agentes de la Dijín. Se espera que la justicia actúe con contundencia y ejecute las medidas necesarias para sancionar a los responsables y prevenir que este tipo de acciones se repitan en el futuro. Es importante destacar que este tipo de comportamientos indebidos por parte de funcionarios públicos no deben ser aceptados ni tolerados, ya que socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el cumplimiento de la ley. La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de los agentes de la Dijín en este caso, así como establecer si hubo participación de otras personas o instituciones. La finalidad es garantizar que se haga justicia y se protejan los derechos de las víctimas.