En los últimos tiempos, ha surgido una propuesta política que busca llevar adelante la mercantilización de diversos bienes públicos, recortando las funciones gubernamentales de forma inmediata. Uno de los ejemplos más destacados de esta propuesta es la idea de eliminar la educación gratuita y convertirla en un servicio pagado. Sin embargo, esta medida está muy lejos de ser una acción que se alinee con nuestra identidad constitucional y los valores fundamentales de nuestra sociedad. La Constitución argentina establece en su artículo 14 bis que todos los habitantes tienen derecho a la educación, y que esta debe ser gratuita en todos los niveles y modalidades. Esta disposición refleja nuestro compromiso histórico con la formación de ciudadanos libres y capaces de participar activamente en la sociedad. La educación gratuita no solo es un derecho humano básico, sino que también es una herramienta fundamental para reducir la desigualdad y promover la movilidad social. Al eliminar este beneficio, se estaría perpetuando las desigualdades existentes y se estaría negando a muchos jóvenes la oportunidad de acceder a una educación de calidad. Además, la propuesta de mercantilización de bienes públicos puede conducir a una falta de control y regulación del acceso a servicios esenciales como la salud, el transporte y la vivienda. Esto significa que solo aquellos con recursos económicos podrán acceder a ellos, excluyendo a aquellos que más los necesitan. Asimismo, esta medida podría abrir la puerta a la privatización de otros ámbitos importantes, como la justicia y la seguridad. En lugar de garantizar la igualdad de acceso a la justicia y la protección de todos los ciudadanos, se estaría creando un sistema en el que solo quienes puedan pagar podrán acceder a estos servicios básicos. En conclusión, la propuesta política de mercantilizar bienes públicos y recortar las funciones gubernamentales va en contra de nuestra identidad constitucional y de los valores que nos han definido como sociedad. Es necesario preservar y fortalecer nuestro compromiso con la educación gratuita y con la igualdad de acceso a servicios básicos, para asegurar un país más justo y equitativo para todos.