El gobierno de Argentina ha anunciado que vetará el polémico artículo que permite la legítima defensa privilegiada en situaciones de flagrancia. Según explicaron fuentes oficiales, esta medida se toma debido a que consideran que esta disposición es una auténtica bomba de tiempo. La legítima defensa privilegiada, estipulada en el artículo en cuestión, implica que una persona puede reaccionar de manera violenta frente a una situación de flagrancia sin ser penalmente responsable. Esto significa que, en ciertos casos, se permite el uso excesivo de la fuerza, incluso llegando a causar lesiones graves e incluso la muerte. Sin embargo, el gobierno argumenta que esta disposición es sumamente peligrosa y puede generar abusos y violencia injustificada. Se teme que, bajo la excusa de la legítima defensa, se puedan cometer actos de venganza o discriminación, y que esto pueda desencadenar una escalada de violencia en el país. Además, se destaca que la legítima defensa privilegiada se contrapone a los principios fundamentales del Estado de derecho y del sistema penal argentino, que busca velar por la seguridad ciudadana sin recurrir a la violencia innecesaria y desproporcionada. Por todo ello, el gobierno ha decidido vetar este artículo y se espera que pronto se publique el Decreto de Veto en el Boletín Oficial. De esta manera, se busca proteger la seguridad de los ciudadanos y evitar futuros casos de violencia justificados por esta disposición. Esta medida ha generado opiniones divididas en la sociedad argentina. Mientras que algunos consideran que es necesario mantener el respeto a los derechos humanos y evitar la impunidad, otros argumentan que es importante garantizar el derecho a la legítima defensa y proteger a los ciudadanos en situaciones de peligro inminente. En conclusión, el gobierno de Argentina ha anunciado que vetará el polémico artículo de legítima defensa privilegiada en situación de flagrancia debido a los riesgos que conlleva. Esta medida busca salvaguardar el Estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos, evitando así potenciales abusos y actos de violencia injustificada. La discusión sobre este tema continúa en la sociedad argentina, reflejando la importancia de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la necesidad de garantizar la seguridad pública.