El presidente federal de Argentina expresó su preocupación por la demora en la resolución de casos por parte del máximo tribunal del país. Según el mandatario, cada ministra y ministro del tribunal cuenta con el apoyo necesario para resolver los casos que se les presentan, ya sea en forma de asesores o equipo jurídico. Sin embargo, ha observado con desagrado que algunos casos se prolongan innecesariamente, llegando incluso a tardar años en llegar a una resolución final. Esta situación ha generado críticas y malestar en la sociedad, especialmente entre aquellos afectados por los casos en espera. El retraso en la justicia no solo afecta a las personas involucradas, sino que también puede tener un impacto en la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Para el presidente federal, es fundamental que los casos sean resueltos de manera oportuna y eficiente para garantizar la justicia y la seguridad jurídica. El mandatario ha expresado su compromiso de tomar medidas para mejorar la eficacia y rapidez de los procesos judiciales. Para ello, ofrecerá el apoyo necesario a las ministras y ministros del máximo tribunal del país, con el fin de agilizar la resolución de los casos pendientes. Además, se buscará implementar mecanismos que permitan identificar las causas del retraso y encontrar soluciones adecuadas. El presidente federal insiste en la importancia de que la justicia sea accesible para todos, sin importar su posición social o económica. La demora en la resolución de casos puede generar desigualdad y dar lugar a la impunidad. Por ello, es necesario tomar medidas para garantizar que los ciudadanos reciban una justicia pronta y expedita. En resumen, el presidente federal de Argentina ha manifestado su preocupación por la demora en la resolución de casos por parte del máximo tribunal del país. Se compromete a brindar el apoyo necesario para agilizar los procesos judiciales y garantizar una justicia eficiente y oportuna. Es fundamental que se tomen medidas para evitar que los casos se prolonguen innecesariamente, y así asegurar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.